El Ayuntamiento de Valencia no pagará los 30.000 euros pendientes del mapa escolar

María Oliver, durante su etapa como concejala de Podemos en el Ayuntamiento. /Damián Torres
María Oliver, durante su etapa como concejala de Podemos en el Ayuntamiento. / Damián Torres

La concejalía anuncia que frenará el abono del convenio que impulsó Podemos y que investiga un juez hasta que tenga suficientes garantías

A. Rallo
A. RALLOValencia

El Ayuntamiento no quiere seguir manteniendo el convenio con la Universitat para la realización del mapa escolar mientras persista la investigación judicial que ya recoge indicios delictivos respecto a la actuación del profesor encargado del proyecto, José Manuel Rodríguez.

El convenio fue impulsado por la entonces edil de Podemos María Oliver. Tras la salida de la responsable del Consistorio al quedarse sin representación, fue fichada como asesora del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Dalmau. La investigación judicial que dirige el juzgado de Instrucción 19 de Valencia mantiene como investigados a la exconcejala y también al profesor universitario, un ex alto cargo de Podemos. La fiscalía ya se pronunció respecto a este asunto y pidió que se dictara el auto de procesamiento contra ambos. Pero la solicitud de más diligencias por parte de la acusación popular, que ejerce el PP, retrasó la decisión del juez.

El acuerdo del Ayuntamiento con la Universitat rondaba los 100.000 euros, que se repartían a lo largo de tres anualidades. La de 2018 se abonó en su día al igual que ha ocurrido con este ejercicio donde en dos ingresos ya se ha completado la asignación. Cada ejercicio son 31.868 euros, según explicaron fuentes municipales.

El docente usó fondos para la compra de iPads, mesas de reuniones y dietas de un viaje a París

Sin embargo, el desembarco del PSPV en esta concejalía con Maite Ibáñez ha propiciado ya los primeros movimientos. La concejala ha decidido que se paralizará esta dotación para el próximo año «hasta que no tengamos las garantías necesarias» de que el dinero se ha invertido de acuerdo al objeto del convenio. La investigación judicial, que mantiene también en alerta a la propia Universitat de València por si debe adoptar medidas con el docente, ha revelado irregularidades en el gasto del dinero. De hecho, el juez ha oficiado al Ayuntamiento de Valencia para que le informe de si algunos de los desembolsos que cargó el profesor a la cuenta donde recibían las transferencias puede quedar fuera de las bases. Por el momento, según precisó la concejala, no se ha abierto un procedimiento de reintegro para reclamar esas cantidades bajo sospecha.

El extracto de la cuenta de la Universitat donde se ingresaban los fondos del Ayuntamiento muestra cargos cuya idoneidad para el proyecto del mapa escolar pueden ser cuestionados. Por ejemplo, la compra de un ordenador y un iPad. El primero por un importe de 392 euros y el segundo, por 481 euros. También llama la atención la adquisición de dos cámaras de fotos para el desarrollo de este trabajo universitario. Una, de prestaciones más modestas (274 euros) frente a los mil euros que gastó en otro aparato. Incluso se contrató un seguro (otros 100 euros) para este dispositivo, que también se costea con los fondos transferidos desde el Ayuntamiento.

Pese al ordenador y el iPad, el docente consideró necesaria la compra de tres discos duros con una inversión de casi 400 euros. El desembolso se completó con la adquisición de una mesa (se desconoce para qué) y las dietas de un viaje a París para unas jornadas sobre la Europa insumisa. La temática difícilmente puede estar más desligada de la elaboración de un mapa escolar. Aparte de todo lo anterior, contrató a un amigo suyo para la realización de parte del trabajo. El encargo se hizo por teléfono, según consta en las actuaciones.

El profesor de Sociología explicó durante su declaración en el juzgado que pasaba al Ayuntamiento horas trabajadas de diferentes docentes, pero que los profesores no llegaban a cobrarlas. Ese dinero cubría otras de las necesidades del departamento.