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Francisco Camps, ayer, mientras atiende a los medios de comunicación en el despacho de su abogado. irene marsilla
La Audiencia Nacional ordena reabrir Gürtel para investigar a Camps

La Audiencia Nacional ordena reabrir Gürtel para investigar a Camps

La confesión de Costa precipita la revisión de una causa con el fin de aclarar si el presidente dio órdenes para contratar a Orange Market

A. RALLO

VALENCIA.

Viernes, 28 de septiembre 2018, 00:53

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La sombra de Gürtel es alargada. Francisco Camps, siete años después de ser juzgado y absuelto por un jurado popular de haber aceptado trajes de la trama delictiva, muy probablemente tendrá que revivir otro episodio judicial relacionado con las adjudicaciones a Orange Market, la sucursal de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana.

Un nuevo auto de la Audiencia Nacional, que se difundió al mediodía de ayer, adelantaba una nueva investigación -la reapertura de una de las piezas de Gürtel- en la que muy probablemente Francisco Camps deberá comparecer como investigado. Esta decisión tiene su origen en las declaraciones que en su día prestaron en el juicio de la financiación ilegal del PPCV el exsecretario general Ricardo Costa y Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

El exdirigente popular no dudó en atribuir al expresidente de la Generalitat un papel capital en la financiación ilegal del partido, como el artífice del sistema recaudador que tuvo antes que él a otros lugartenientes como el vicepresidente Víctor Campos o Vicente Rambla, siempre según la versión del ahora arrepentido.

El papel de Camps en un estand de Turismo y una guía de comunicación, bajo sospecha

Idéntico testimonio prestó unos días más tarde cuando aceptó una confesión global de todos los asuntos turbios del PP ante los fiscales Anticorrupción de Valencia.

El problema era que la instrucción de la Gürtel valenciana está cerrada. Algunas piezas, como la del estand de fitur o la financiación ilegal, incluso juzgadas y con sentencia firme la primera de ellas. Una posibilidad era devolver a instrucción la denominada pieza cinco, que engloba los contratos de diferentes administraciones con la trama Gürtel por «la íntima relación» entre ambas causas que comparten incluso algunos investigados. Anticorrupción solicitó en su día una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado 'popular' David Serra, y para la exconsellera y también exdiputada Alicia de Miguel, y otros siete y ocho años de inhabilitación para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera.

El regreso de este caso al juzgado permitiría ahondar en el papel que tuvo Francisco Camps en estas contrataciones. El auto de la Audiencia Nacional, que en ningún momento nombre a Camps, orienta la investigación para conocer si las contrataciones a Orange Market en el área de Promoción Institucional se adoptaron por orden de Dora Ibars, acusada en el procedimiento, o «por otras autoridades superiores jerárquicamente», es decir, el expresidente Camps.

El auto detalla los hechos por los que Dora Ibars está investigada. Recuerda la Sala que los hechos imputados a Ibars se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un 'pen drive' que se iba a utilizar como regalo institucional. Un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado, de 88.975 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580.

Otro estand de Turismo

En segundo lugar, la Fiscalía acusa a Ibars por los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand de la comunidad en la feria de turismo Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con el Grupo Correa, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

Esta sería la clave para conectar las revelaciones de la trama contra Camps con la supuesta adjudicación amañada a favor de la red delictiva. Así, el PP supuestamente no sólo ordenaba a empresarios a que pagaran sus actos electorales a cambio de un trato de favor en concursos públicos sino que algunas adjudicaciones que se hicieron al grupo Correa también buscaban el pago de los eventos para captar votos.

El auto cita, por ejemplo, a Nuria Romeral, la que fuera jefa de prensa del presidente y posteriormente secretaria autonómica de comunicación. Ella era la jefa de Dora Ibars y a su vez Romeral dependía directamente de Francisco Camps. También subraya la comparecencia de la que fuera portavoz y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que precisó que Ibars dependía directamente «de Presidencia de la Generalitat y no de la Conselleria de Presidencia».

La Fiscalía solicitó su petición amparada en el supuesto de que cuando se producen revelaciones inesperadas en los juicios que obligan a nuevas clases de pruebas, la celebración se suspende. No es este el caso actual porque todavía no ha empezado la vista oral. Sin embargo, los magistrados consideran que se puede aplicar el mismo precepto porque esto mismo que se está planteando ahora podría tenerse en consideración el día del juicio. Se trata de ahorrar tiempo y evitar un retraso mayor en la causa.

Francisco Camps no entiende absolutamente nada, según explicó ayer a los periodistas. El expresident de la Generalitat, en cualquier caso, afirmó que no dio «ninguna instrucción» para adjudicar contratos a la trama Gürtel y lamentó que después de 10 años se le intente «recolocar otra vez en la matriz» de la causa Orange Market.«En el año 2009 ya pasaron los testigos a decir que no recibieron ninguna directriz y el TSJ decidió no investigarme en esta causa», según expuso Camps, que se mostró tranquilo ante la decisión de la Audiencia Nacional porque la causa ya fue enjuiciada y sentenciada.

Según manifestó, el Tribunal Superior de Justicia valenciano decidió juzgarle por el caso de los trajes y esta «sería una suerte de revisión» de ese juicio: «Como no fui condenado, a ver si pueden juzgarme por otra cosa», agregó.

La conocida como pieza cinco de Gurtel incluye a 27 personas procesadas. Entre ellos, se encuentra David Serra, para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes. El fiscal señala que entabló una «estrecha relación» con 'El Bigotes', y que desde su cargo dio las adjudicaciones «sin adoptar resolución procedimental alguna». Serra está investigado también en la causa Imelsa por supuestamente participar en el cobro de comisiones.

Otra de las exconsellera salpicadas por este asunto es Alicia De Miguel para quien se solicitan otros nueve años de inhabilitación por contrataciones en su etapa en Bienestar Social. La trama desplegó «una relación de colaboración durante dos años que se materializó en la realización de tres actos», en los que intervino la exdiputada como interlocutora y persona que «decidía» la realización de eventos.

La etapa de Sanidad afectó a dos máximos responsables. Por un lado, con Manuel Cervera la trama se concertó con él para hacer facturas desde diferentes empresas, algunas de ellas sin intervenir en los actos; y sobre Luis Rosado -sucesor del anterior- pero que en ese momento desempeñaba el cargo de director gerente de la Agencia Valenciana de Salud, con el rango de secretario autonómico, afirma que posibilitó una facturación irregular con Orange Market.

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