La Audiencia Nacional juzga al acusado de insinuar un atentado contra Andrea Fabra

Según el escrito de la Fiscalía, Josué Cabrera Viñas escribió varios mensajes en Twitter desde 2012 hasta 2016 con el «propósito de ensalzar la actividad criminal» de ETA Y GRAPO. Entre las publicaciones analizadas, el fiscal destaca algunas de ellas en las que alabó a dirigentes etarras como Xabier López Peña, alias Thierry, fallecido en marzo de 2013, o José Miguel Bañarán, 'Argala'.

«Las víctimas de ETA tienen la cabeza desatinada de tanto ruido de explosión. Lo que deberían ilegalizar es el catetismo», dice uno de los mensajes recogidos en el escrito de acusación. Asimismo, coincidiendo con la frase polémica que dijo la hija del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en julio de 2012 en el Congreso de los Diputados cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un recorte en las prestaciones por desempleo («¡Que se jodan!», gritó dirigiéndose a la bancada del PSOE, según explicó cuando posteriormente pidió disculpas al grupo socialista), el acusado ironizó sobre la posibilidad de que sufriese un atentado.

«Qué lástima que ETA no esté activa. La puta Andrea Fabra, ésta no abriría tanto el container de basura orgánica que tiene por boca. Cerda», escribió sobre la ahora exdiputada y antes miembro del Congreso. Por todo ello, la Fiscalía solicita un año de prisión por el delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.

Andrea Fabra tuvo presencia en las bancadas populares de la Cámara Alta y Baja a lo largo de tres legislaturas, primero en el Senado y posteriormente en el Congreso de los Diputados por dos ocasiones.

La militante del Partido Popular pidió el reingreso en Telefónica a principios del año pasado, compañía donde estuvo trabajando anteriormente hasta convertirse en senadora a partir del año 2007, cuando pidió la excedencia de la corporación.

Fabra, antes de su actividad como cargo electo, trabajó durante siete años en la multinacional española, en el departamento responsable de las relaciones internacionales. A principios de 2015 se desveló que había pedido autorización en el Congreso para poder dedicarse a la abogacía, lo que se interpretó como el paso previo ante una posible retirada de la vida política, lo que sucedió poco después.