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Lunes, 27 de noviembre 2017, 00:37
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Malas noticias para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, en la semana en la que el juicio de Emarsa afronta sus jornadas clave. El tribunal ha rechazado su petición de que se levanten los embargos que pesan sobre él para pagar los más de 150.000 euros que debe a sus hijos por la pensión y otros gastos extraordinarios, según el escrito que presentó recientemente.
La Audiencia duda de la credibilidad de los documentos aportados. Por ejemplo, señala que la información entregada al tribunal no permite conocer su verdadera situación económica. Por ejemplo, si el acusado trabaja y el salario que percibe o bien si se encuentra en el paro y la prestación por desempleo. Nada de esto se concreta en la solicitud. Del mismo modo, los magistrados añaden que tampoco se puede garantizar que el dinero que adeuda sea realmente los más de 150.000 euros. Unos 130.000 responderían a la pensión de alimentos (750 por hijo) y otros 24.000, a gastos extraordinarios. No consta ninguna resolución judicial en la que se certifique que realmente ese tipo de apuntes se incluyen dentro de esa categoría.
Las acusaciones se opusieron de manera tajante a la solicitud del exvicepresidente de la Diputación. Sospechan que se trata de una maniobra ahora que el juicio llega a su fase final. Sostienen esta tesis en varios indicios. Por un lado, la supuesta deuda nunca ha sido reclamada por la exmujer y la documentación que ha presentado Crespo es simplemente un escrito de un despacho de abogados que supuestamente representa los intereses de su expareja. Además, las acusaciones también le reprocharon que si no podía hacer frente a esas generosas pensiones no hubiera solicitado con anterioridad una modificación de las medidas. Alguna de las partes llaman la atención en que la cifra que supuestamente adeuda a sus descendientes -no paga desde 2013- coincide con el valor catastral del único inmueble de su propiedad que pudo ser embargados. Las otras dos propiedades bloqueadas por el juzgado, sin embargo, arrastran hipotecas. Se ignora cómo puede afrontarlas.
La familia de Enrique Crespo resultó agraciada con cerca de 22 millones de euros en el sorteo de lotería de Navidad de 2011. La fiscalía le acusó de ocultar parte del premio que presuntamente era suyo entre los décimos de su familia. La juez, no obstante, le absolvió de un delito de alzamiento de bienes. Esta semana, en teoría, está previsto que las acusaciones inicien sus informes. La Fiscalía ha endurecido las penas para los principales cabecillas de la trama, Enrique Crespo y el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta. Ahora solicita 20 y 24 años de prisión respectivamente. La modificación surge de la nueva interpretación del ministerio público que, tras el juicio, consideran que hubo dos procesos delictivos: una en la depuradora de Manises y otro en la Epsar, el organismo de la Generalitat que financiaba las instalaciones.
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