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La Audiencia absuelve a un okupa porque no sabía que estaba cometiendo un delito

La Audiencia absuelve a un okupa porque no sabía que estaba cometiendo un delito

La magistrada señala que la propiedad del inmueble nunca le comunicó que no podía vivir en esa vivienda

A. Rallo

Valencia

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Miércoles, 10 de febrero 2021, 23:35

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La Audiencia de Valencia ha absuelto a un okupa de un delito leve de usurpación al considerar que el inquilino no era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad pese a que incluso llegó a cambiar la cerradura del inmueble. La Sala acuerda, además, paralizar el desalojo de la vivienda de tal forma que el hombre podrá seguir residiendo allí. Insta a los dueños a iniciar un procedimiento civil. El fallo ha desatado la alarma en la Fiscalía ya que entienden que decisiones de este tipo invitan a la ocupación de inmuebles.

Los hechos sucedieron en un piso de la calle Yecla de Valencia. El ahora absuelto, G. D. S., accedió a la vivienda a principios de 2020. El piso es propiedad de la empresa Cimentados 3 SA. El inquilino desconocía la identidad del titular del inmueble. La Audiencia mantiene que como la mercantil no comunicó a esta persona su oposición a que utilizara la propiedad, este no sabía que su actuación estaba siendo ilegal, lo que se conoce como error invencible.

Toda esta argumentación pese a que el inquilino, cuando acudió la policía a identificarle, admitió que llevaba varios meses viviendo en ese piso y que le acompañaban dos niños menores. Los agentes acudieron al lugar tras una denuncia por usurpación de la empresa propietaria.

Pero, según la Sala, los agentes no indicaron a la familia que debían abandonar el piso ni le informaron del dueño de la vivienda. Los magistrados recuerdan, además, que no consta requerimiento expreso de la mercantil para que el hombre depusiera su actitud.

Resoluciones de este tipo no resultan frecuentes. La Fiscalía Provincial de Valencia ha mostrado su «preocupación» por este sorprendente criterio. Según Jaime Gil, portavoz oficial del ministerio público, se trata de un «despropósito» que va en contra de la instrucción de la Fiscalía General del Estado en este sentido y, además, produce «alarma social». Recientemente, el ministerio público remitió una circular a todos los fiscales para reforzar las pautas de actuación antes situaciones de este tipo y poder solicitar incluso el desalojo como medida cautelar. Si la familia muestra una especial desprotección se debe comunicar a los Servicios Sociales.

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