La Audiencia abre la puerta a un pacto con Blasco al aplazar el juicio de Cooperación

Marc Llinares, Augusto César Tauroni y Rafael Blasco, ayer, antes del comienzo del juicio. / damian torres
Marc Llinares, Augusto César Tauroni y Rafael Blasco, ayer, antes del comienzo del juicio. / damian torres

Las defensas se quejan del sorpresivo cambio del fiscal para llegar a una conformidad y este les reprocha que no han devuelto el dinero

A. RALLO

valencia. La Audiencia de Valencia concedió ayer un balón de oxígeno a los acusados del caso Cooperación. El tribunal accedió a decretar un aplazamiento hasta el 6 de mayo tras los planteamientos de la mayoría de las defensas -salvo una excepción- que reclamaron suspender la vista porque no se habían preparado el juicio al creer que tenían un acuerdo de conformidad con el fiscal. Un motivo, por otra parte, poco jurídico. Los abogados de los cabecillas de la trama, Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y Marc Llinares, que deben afrontar el pago del 75% de cerca de cuatro millones y medio de euros, expusieron con detalle su posición.

La representación de Blasco -el político fue recibido a gritos de «ladrón» a su entrada al recinto- mostró su «sorpresa» por el endurecimiento de las condiciones del fiscal -Jesús Carrasco ha asumido el caso tras la marcha de Vicente Torres al TSJ- y aseguró que conserva por escrito el pacto inicial. El de Tauroni fue en la misma línea: «Se llegó a un acuerdo que nos llevó a la no preparación de la vista». Y, por último, el letrado de Llinares elevó algo más el tono para mostrar «su desconfianza en las instituciones» por el cambio de criterio y desembocar en que no estaba en condiciones de representar a su cliente.

El resto de compañeros se fueron sumando sin matices relevantes a los argumentos iniciales. El quid del asunto era que no se celebraran las cuestiones previas. Si el tribunal -que previamente había aceptado retrasar las declaraciones de los acusados- ordenaba proseguir la vista y empezar con esta fase, los acusados habrían comenzado a plantear la posibilidad de nulidades. Y el pacto pasa inevitablemente por aceptar los hechos y no presentar al tribunal dudas de esta naturaleza.

La Generalitat y las ONG recuerdan que ellos deben validar el pacto o se celebrará el juicio

El fiscal Anticorrupción contestó con dureza a las defensas, y les acusó de mentir. «Lo que han dicho de un pacto no se ajusta a la verdad», contestó. El representante precisó que buena parte de las defensas habían hablado de que «prácticamente» tenían un pacto. Y claro, eso no se puede calificar como un acuerdo, según el fiscal. Y la forma de cerrar ese capítulo, no es otra que aportar el dinero, insistió. «Ustedes, el tribunal, sabe que en la cuenta del juzgado no está consignada la responsabilidad civil». Y ese es un requisito «insoslayable e insalvable», subrayó sin dejar un resquicio a la ambigüedad. De nuevo, aclaró que lo que se había producido es una «falta de entendimiento» motivada por los «incumplimientos» de los acuerdos con el anterior fiscal.

El turno de la Abogacía de la Generalitat y la acusación de las ONG´s sirvió para introducir otro planteamiento no exento de lógica. Los letrados siempre y en todo momento hablaron de un pacto con el fiscal. Pero ¿y ellos? Si alguna de estas partes no acepta las condiciones pueden forzar la celebración del juicio. La Abogacía fue clara: «No hay acuerdos ni por escrito ni verbales con Blasco, Tauroni ni Llinares». Y recordó la cantidad de dinero que está en juego, una responsabilidad civil de entre 4,5 y 5 millones de euros. «No sabemos si la reparación del da-ño -que barajan los acusados- resultará útil a la Generalitat», adelantó ante la posibilidad de ingeniosas estrategias para devolver el dinero. La representación de la coordinadora de ONG´s, que aglutina a cerca de un centenar de entidades, se expresó en los mismos términos y censuró el ninguneo al que les habían sometido las defensas.

Finalmente, el tribunal optó por la suspensión. Se abre ahora un nuevo periodo, unas tres semanas, para intentar llegar a un acuerdo entre buena parte de los acusados y Anticorrupción. Un pacto que irremediablemente debe llevar el visto bueno del Consell y las ONG. De la vista se desprende que tanto Agustina Sanjuán como Josep Maria Felip sí tienen ya un acuerdo parcial. Y también quedó clara la postura de una funcionaria de la Conselleria, Dolores Escandell, que bajo ningún concepto pactará. Así que juicio, al menos para ella, habrá.

El fiscal no se opuso en ningún momento al aplazamiento. Previamente había pedido retrasar las declaraciones de los acusados a los días que en un inicio se plantearon y admitió que asumir ahora esta causa le ha llevado «al borde del colapso» porque se ha hecho cargo de todos los asuntos de su excompañero. En un esfuerzo por explicar al tribunal que el calendario final era inasumible se refirió a la tarea como «una labor de negros». Quizá una expresión poco afortunada en un sumario que trata de ayudas al Tercer Mundo.

La Sala, por otra parte, deberá decidir también acerca de qué decisión toma respecto a Adolfo Soler. El acusado no se presentó en el juicio. Al parecer, presentó un informe médico para justificarse. Su letrado ha mostrado la extrañeza ante la situación, que conoció ayer. El acusado había aportado unos billetes de avión para mostrar su disposición a estar en Valencia.