La asociación mayoritaria de jueces apoya la decisión de la instructora sobre Zaplana

Zaplana, durante una visita a La Fe. /lp
Zaplana, durante una visita a La Fe. / lp

La APM lamenta la revelación de datos personales de la jueza y recuerda la importancia de la independencia judicial

S. P./ EFE VALENCIA.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces españoles, salió ayer en defensa de la instrucción que lleva a cabo la jueza del 'caso Erial', que investiga al expresidente Eduardo Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. La asociación lamenta que a raíz de las informaciones sobre el sumario se hayan revelado «datos de carácter estrictamente personal» sobre la instructora, en clara refencia a noticias publicadas por algunos medios sobre el pasado estado de salud de la magistrada.

Asimismo, la sección territorial valenciana de la APM recuerda que es «de capital importancia para el Estado de Derecho el respeto a la independencia del Poder Judicial y de los jueces y magistrados que lo integran, en el ejercicio de sus funciones».

Pide prudencia a la hora de enjuiciar las deciones de la instructora y recuerda que «nuestro sistema judicial contempla la posibilidad de combatir a través de los recursos legalmente establecidos aquellas resoluciones judiciales que no se comparta». Por tanto, añade que «resulta innecesaria e inútil la descalificación dirigida a personas concretas por no satisfacer sus expectativas o compartir el contenido de sus resoluciones jurídicas».

Prisiones asegura que el expresidente recibe «todos los cuidados que requiere»

Paralelamente, también ayer, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aseguró que el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana «recibe todos los cuidados que requiere» en el hospital en el que se encuentra custodiado. Pese a ello, recordó que la sanidad dentro de una prisión se centra básicamente en atención primaria.

En una entrevista, Ortiz se refirió a la situación del también expresidente del PP valenciano, que lleva más de siete meses en prisión preventiva acusado de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación y que fue trasladado el pasado 18 de diciembre al Hospital La Fe de Valencia. La representación legal de Zaplana ha reclamado hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad por razones humanitarias, al padecer leucemia y haber sufrido un deterioro de su salud en la cárcel de Picassent.

Ángel Luis Ortiz recordó que su situación está «supeditada» a las decisiones que adopte la jueza de instrucción del caso, que por el momento mantiene la prisión. «Todo lo que sean especialidades se aplican fuera de la prisión, por ese motivo está en una unidad hospitalaria donde tiene custodia y donde, por supuesto, recibe todos los cuidados que requiere», explicó Ortiz.

Instituciones Penitenciarias puso en marcha a finales de 2018 un exhaustivo protocolo para clasificar las dolencias de los presos con enfermedades «muy graves», afecciones incurables o, directamente, en fase terminal. Una herramienta que, en principio, debería facilitar la puesta en libertad de un mayor número de internos, pues no solamente se valorará, como hasta entonces, la expectativa de vida del recluso enfermo.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska decidió abordar esta reforma en plena polémica por la negativa a la excarcelación de Eduardo Zaplana. El propio Ángel Luis Ortiz firmó la instrucción 6/2018 sobre el «procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

Esa directiva, que entró en vigor el pasado 21 de diciembre, derogaba la polémica instrucción 3/2017 emitida en febrero de 2017 por el entonces máximo responsable de prisiones, el popular Ángel Yuste, y que había sido muy cuestionada por partidos políticos, organizaciones sociales, abogados, médicos y familiares de reclusos. Estos colectivos se quejaban de Interior había circunscrito a meros «criterios temporales» la definición de «estado terminal» en un enfermo, sin tener en cuenta que la mayoría de los especialistas de sociedades científicas de medicina paliativa hacía años que venían avisando que en esa «terminalidad» existían otros factores como la edad, enfermedades concomitantes, respuestas a tratamientos, la aparición de complicaciones agudas en ciertas enfermedades o la existencia de efectos secundarios de los tratamientos, entre otros muchos factores.

Por otro lado, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra , consideró ayer una «barbaridad» la situación del exministro, y consideró que «hay medios suficientes para controlar a un enfermo en la cárcel y fuera de la cárcel». El exdirigente popular recordó que diversos especialistas médicos han pedido la salida. «Es una grave irresponsabilidad para la jueza y enorme responsabilidad para la fiscal. A mi no me gustaría estar en su pellejo», dijo. «A algunos los mandan a casa a las 72 horas y a otros no los mandan nunca», remachó el exdirigente popular.

 

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