El TSJ archiva la causa contra el juez de Alicante que rechazó escritos en catalán

La fachada del Tribunal Superior de Justicia. / irene marsilla
La fachada del Tribunal Superior de Justicia. / irene marsilla

La Sala de Gobierno acuerda por unanimidad el cierre de las diligencias informativas, impulsadas por una asociación en defensa de la lengua catalana

A. Rallo
A. RALLOValencia

El magistrado José María Magán tiene un problema menos del que preocuparse. El juez ha conseguido salir airoso de la ofensiva judicial que tanto la Generalitat Valenciana como una asociación catalana habían emprendido contra su decisión de no aceptar escritos en catalán y obligar a la Abogacía del Govern a que los tradujera al castellano.

El titular de Contencioso 3 de Alicante sostiene que no puede aceptar esos documentos porque el catalán no está reconocido como lengua oficial en el Estatuto. Sólo aparecen el castellano y el valenciano. «Nunca se ha contemplado ni reconocido la cooficialidad de la lengua catalana en el territorio valenciano», resume. Entiende, por tanto, que el escrito que procede de Cataluña no está redactado en ninguna de las dos lenguas cooficiales. Esta resolución, en la que se rechazan los escritos en catalán, forma parte de una cuestión de competencia en la que era parte la Generalitat catalana.

Esta postura soliviantó a altos cargos del Consell y a determinadas organizaciones. Entre estas últimas, figura la Plataforma Per la Llengua, una entidad que se define como una ONG en defensa de la lengua catalana. La asociación interpuso una queja ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat. El alto tribunal abrió unas diligencias informativas para investigar el asunto, y requirió al magistrado un informe de los hechos. Ahora, ha decidido dar carpetazo al caso.

La Sala de Gobierno ha decidido «por unanimidad» archivar las diligencias. De esta forma, respalda la actuación del juez. En el escrito se recuerda que el Poder Judicial ya se pronunció al respecto y encuadró la decisión en las competencias jurisdiccionales del profesional. En aquella ocasión, el Poder Judicial respondió tras la sorprendente reacción del número 2 de la Conselleria de Justicia, Ferran Puchades (Compromís), que descontento ante las decisiones judiciales decidió llevar el asunto al Consejo General del Poder Judicial para que sancionaran al magistrado

Esta acción la ejecutó sin el conocimiento ni apoyo de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. La responsable, que es fiscal, fue vocal y portavoz del propio CGPJ. Al parecer, fue el departamento de Política Lingüística de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Educación de Marzà, el que instó una reacción ante la medida del magistrado.

El número 2 de Justicia también trató de que el Poder Judicial sancionara al titular del juzgado

El juez confía en que tras esta última resolución del TSJ terminen de manera definitiva los intentos de cuestionar sus decisiones. Lo previsible era el archivo de estas diligencias al existir un pronunciamiento anterior favorable del Poder Judicial. Precisamente ese fue uno de los argumentos que expuso a su favor el magistrado en esta nueva investigación. El Poder Judicial únicamente le notificó el archivo de las diligencias «ante la extravagancia» de la queja sin pedirle siquiera un informe. Sin embargo, el TSJ sí le solicitó este verano una respuesta frente a la queja de la organización que reclamaba la apertura de un expediente y una sanción contra el juez.

Además, en su momento ya mostró «inquietud» acerca de que cualquiera -por ejemplo, una entidad que no está personada en la causa ni en ninguna otra de ese mismo órgano- se permitiera sin más formular una «queja» sin ostentar legitimación.

La Generalitat de Cataluña no rehuyó la confrontación en el juzgado. Tras la primera orden del juez de que presentara el escrito en castellano, hizo caso omiso y lo depositó en catalán. El magistrado dio una segunda oportunidad al representante del Gobierno autonómico, pero adelantó que si seguían desobedeciendo, daría traslado a la Fiscalía. Tras esta comunicación, el Govern cedió y remitió la documentación en castellano.

La carrera de Magán está rodeada de cierta polémica. El magistrado abandonó Cataluña harto de las supuestas persecuciones del Ejecutivo catalán por el contenido de sus sentencias. El Poder Judicial le llegó a imponer sanciones económicas por tres faltas graves de los expedientes abiertos a raíz de las quejas del Gobierno, entonces en manos de Artur Mas, por los términos empleados en sus escritos.