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A. CERVELLERA
VALENCIA.
Jueves, 1 de enero 1970
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Los presupuestos de la Generalitat están a punto de presentarse y los partidos del pacto del Botànic apuran los tiempos para negociar las que serán las últimas cuentas de la legislatura. Durante estos días, diferentes organismos públicos remiten a la conselleria de Hacienda, liderada por Vicent Soler, sus peticiones para 2019 y, en muchos casos, eso implica pedir más fondos para un año que va a estar marcado por las elecciones locales y autonómicas.
La Agencia Antifraude ya ha calculado sus necesidades y, al igual que otros entes como À Punt, necesita más dinero. En concreto, un aumento del 22% en su presupuesto. El órgano creado para prevenir la corrupción en la Comunitat, que fue impulsado por Podemos, no depende directamente de la Generalitat, por lo que sus cuentas tienen que ser avaladas por Les Corts. La comisión de Gobierno interior de la cámara autonómica evaluó ayer estas cuentas y previsiblemente las aprobará en su reunión del jueves. Una vez realizado este trámite se redirigirán a la Generalitat, que tomará la decisión final.
La entidad ha ido incrementando su presupuesto desde que fue constituida, a mediados de 2017. En ese ejercicio los fondos dedicados a la agencia, que principalmente se centró en constituir y comenzar su actividad, ascendieron a un millón y medio. En 2018, casi se duplicaron los ingresos hasta alcanzar los 2.780.000. Para el próximo ejercicio, la propuesta es de algo más de 3.381.000, lo que supone un nuevo aumento de 600.000 euros. La Agencia justifica sus demandas en el aumento de personal que se ha ido incorporando en los últimos meses. Tal y como avanzó Joan Llinares durante su comparecencia en Les Corts en abril, la Agencia Antifraude cuenta con más trabajo del esperado inicialmente ya que reciben 12 denuncias cada mes.
El aumento en las nóminas de los funcionarios, derivado del acuerdo de los presupuestos generales del Estado, también es un motivo importante, según la propia Agencia Antifraude. Otras partidas que crecen, aunque su peso relativo no resulta tan significativo, son las dedicadas a programas vinculados a las nuevas tecnologías e inversiones en equipamiento informático.
El panorama es muy similar al que presenta la televisión À Punt, que también reclama más ingresos para hacer frente al gasto de personal que viene marcado por la ley. La nueva radiotelevisión valenciana ha solicitado aumentar sus fondos en un 27% y pasar de los 55 millones a casi 70, lo que supone una inversión mucho mayor en términos absolutos. En este caso, el Consell no tiene claro si dará a torcer su brazo ya que considera que hay otras prioridades en una situación de infrafinanciación autonómica como la que padece actualmente la Comunitat.
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