Antifraude ve irregularidades en la concesión de la plaza de toros de Rus

La plaza de toros, durante la celebración de la Copa Davis. / txema rodríguez
La plaza de toros, durante la celebración de la Copa Davis. / txema rodríguez

El organismo alerta de la falta de informes que justifiquen por qué se redujo el canon anual en más de 170.000 euros

A. RALLO VALENCIA.

La Agencia Antifraude está investigando las circunstancias que rodearon la concesión de la plaza de Toros de Valencia a la empresa Simon Casas en la época de Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia. Es la consideración más relevante que recoge el organismo en un informe -todavía no es definitivo- en el que analiza diferentes cuestiones sobre el recinto valenciano.

Antifraude ha enviado ya las conclusiones de su dosier a la Diputación de Valencia, propietaria del recinto. La corporación provincial puede ahora realizar las alegaciones que considere. El apartado más controvertido es el de la última concesión, todavía en la etapa del PP al frente de la Generalitat y la Diputación. Para el periodo 2010-2014, se fijó un canon anual al alza de 260.000 euros. Finalmente, la empresa concesionaria terminó pagando 360.000 euros. Estas mismas condiciones se mantuvieron en la prórroga del contrato, cuando el importe ascendió a 390.000 euros.

¿Qué ocurrió con la siguiente renovación, la del periodo 2015-2018? Entonces, la explotación se adjudicó por 200.000 euros. La diferencia es más que notable si sumamos los cuatro años de vigencia de la concesión: 700.000 euros que ha dejado de ingresar la institución.

Los inspectores de la Agencia subrayan la falta de informes que acrediten de qué forma se ha fijado la valoración del precio al igual que tampoco hay estudios que concreten la valoración de la rentabilidad económica de la explotación de la plaza por parte de la Diputación. Es más, el expediente de Antifraude precisa que un profesional de la Diputación ha hecho constar expresamente que no existen estudios económicos, sociales y culturales sobre el contrato.

El órgano de vigilancia, que dirige Joan Llinares, registra una actividad intensa pese a que apenas lleva un año de funcionamiento. Una denuncia de un particular, pero con intereses en el negocio taurino propició la apertura de esta investigación. No sólo se han centrado en la concesión sino que han analizado otras cuestiones relacionadas con la gestión del coso valenciano y en la que no se han detectado irregularidades destacables. Por ejemplo, han comprobado que la concesionaria efectivamente ha pagado el canon estipulado y en los plazos acordados. De igual modo, tampoco presenta ninguna salvedad a las obras realizadas en el recinto.

Únicamente respecto al sorteo público anual para la adjudicación de los abonos sobrantes o no renovados -se ofrecen a los mayores de 65 años y a los menores de 20- destacan que se realiza por parte de la concesionaria sin que el personal de la Diputación de Valencia esté presente.

Todavía se ignora el futuro que tendrán estas diligencia de Antifraude. Con la contestación de la Diputación, se completará el informe definitivo. En caso de que se aprecien indicios de delito, el organismo remitirá el expediente a la Fiscalía Provincial de Valencia para que realice una investigación por si los hechos tuvieran relevancia penal.

Alfonso Rus era entonces el presidente de la Diputación. Un año más tarde, fue detenido en el marco de una operación contra la corrupción en la Comunitat. Anticorrupción sostiene que dirigía una organización criminal dedicada al cobro de comisiones a cambio del amaño en la adjudicación de obras, como la construcción de colegios o contratos de la propia Diputación. También colocaban a personas afines en empresas públicas sin que tuvieran una ocupación real.

Fotos

Vídeos