Anticorrupción pide imputar a Camps por los contratos a la trama Gürtel

El expresidente valenciano Francisco Camps. / irene marsilla
El expresidente valenciano Francisco Camps. / irene marsilla

El ministerio público quiere que el exjefe del Consell declare por los delitos de fraude y prevaricación

A. RALLO VALENCIA.

Francisco Camps afronta una imputación más. Un nuevo apunte a su ya extenso curriculum judicial que, en esta ocasión, ha sido consecuencia directa de la confesión de Ricardo Costa para conseguir una rebaja de condena en el juicio por la financiación ilegal del PP. Entonces, el que fuera secretario regional de los populares y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', revelaron todo el entramado de financiación ilegal para llenar la caja B de la organización y el pago de actos electorales. Ambos no dudaron en situar al expresidente en la supuesta cúspide del sistema delictivo. Conocedor y partícipe.

El problema era que toda la investigación de Gürtel, la trama valenciana, se encontraba ya cerrada. Una posibilidad era devolver a instrucción la pieza 5, la que analiza diferentes contrataciones que Orange Market obtuvo de la Generalitat, para proceder a la investigación del expresidente. El ministerio público ha pedido su imputación en el procedimiento por fraude y prevaricación. Se da por hecha la imputación y que el exdirigente tenga que comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Numerosos excargos públicos están acusados en esa pieza. Anticorrupción solicitó en su día una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado «popular» David Serra, y para la exconsellera y también exdiputada Alicia de Miguel, y otros siete y ocho años de inhabilitación para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera.

Costa y 'el Bigotes' afirmaron que el expresidente conocía la financiación ilegal del PP

La fiscalía pretende que el papel de Camps encaje supuestamente en las contrataciones a Orange Market en el área de Promoción Institucional. Anticorrupción pretende averiguar si esas decisiones se adoptaron por orden de Dora Ibars, ya acusada en el procedimiento, o «por otras autoridades superiores jerárquicamente». El auto de la Audiencia no citaba a Camps, pero la referencia resultaba evidente.

Los contratos investigados son la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un «pen drive» que se iba a utilizar como regalo institucional. Un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado, de 88.975 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580. En segundo lugar, la fiscalía acusa a Ibars por los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand de la comunidad en la feria de turismo Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con el Grupo Correa, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

La acusación pública propone que junto a Francisco Camps, sean citados Ricardo Costa y 'el Bigotes' para concretar la declaración que ambos prestaron en su día en el juicio.

El abogado del expresidente lanzó ayer un mensaje de tranquilidad absoluta. Cree que no existen motivos para que la causa prospere. Es más, recordó que Dora Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que nunca se reunió «con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos». De este testimonio, se desprende la exculpación de Camps.

Pablo Delgado, letrado de Camps, insistió en que es una cuestión «cerrada jurídicamente» en diversas resoluciones judiciales, en referencia a la conocida como 'causa de los trajes' -en la que Camps resultó absuelto por un jurado popular, decisión ratificada luego por el Supremo-, así como la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de imputar a Camps en las pieza de las adjudicaciones a Orange Market, mercantil que gestionaba 'el Bigotes'. Así lo determinó en tres resoluciones entre 2009 y 2011, según sostiene.

 

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