Anticorrupción insiste en la necesidad de proteger al denunciante

Marcos Benavent. / lp
Marcos Benavent. / lp

La memoria del órgano recoge la imprescindible mejora para los delatores, que han sido claves en procesos de estos delitos

A. G. R.

valencia. La Fiscalía Anticorrupción insiste en la última memoria en la necesidad de proteger a los delatores de las tramas de corrupción. Se trata de una figura que ha sido clave para el desarrollo judicial de diferentes causas de corrupción asentadas en la Comunitat. No obstante, en la región algunos de estos protagonistas han tenido una particularidad y es que la mayoría han aceptado colaborar en la investigación cuando se han visto al borde de una condena o con numerosos indicios en su contra.

El escrito del ministerio público recoge la necesidad de «incorporar al ordenamiento jurídico medidas para amparar el trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades, de buena fe y con motivos razonables». La memoria recuerda el reciente proyecto de directiva europea que los Estados deberán adaptar a su normativa y que, en definitiva, establece protección para los que comuniquen infracciones en contrataciones, servicios financieros y blanqueo. No obstante, el objetivo debería ser, desde ese punto de partida, ampliar ese paraguas inicial de cobertura. Esta medida se va a aplicar en las empresas de más de 50 empleados.

En la Comunitat, los delatores han sido claves. Una buena parte del caso Imelsa se sustenta en las grabaciones de Benavent a sus compañeros de partido y especialmente en su posterior confesión a los agentes de la UCO. De igual modo, el que fuera asesor del PP Jesús Gordillo también resultó clave en la investigación de la financiación ilegal del del PP de Valencia en 2007 al acudir a Fiscalía con documentación que, según dijo, se encontró por casa. Más reciente y todavía con mayor relevancia en la investigación judicial ha sido la colaboración de Fernando Belhot, el abogado uruguayo, que admitió que manejaba millones de euros en el extranjero que, en realidad, eran de Eduardo Zaplana.

Caso aparte es la confesión de Ricardo Costa. Admitió las ilegalidades en el juicio, cuando se enfrentaba a siete años de cárcel a cambio de una reducción de condena. Posteriormente ha colaborado en el resto de tramas valencianas.