Alcaraz acomete la reforma del Consell de Transparencia a los dos años de su creación

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ayer. / EFE/Kai Försteling
La portavoz del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ayer. / EFE/Kai Försteling

B. F. VALENCIA.

El Consell de Transparencia come comenzó a trabajar en 2016, y desde entonces, tanto la oposición al Gobierno valenciano (PP y Ciudadanos) como Podemos, socio del Pacto del Botánico, han reprochado al Ejecutivo autonómico la falta de asistencia de un organismo que, además, con la nueva ley de transparencia presentada ayer como anteproyecto, deberá acometer una profunda reforma. El Consell de Transparencia pasará de cinco a tres miembros, que deberán realizar su labor con exclusividad, trato de alto cargo y ser elegidos por tres quintas partes de Les Corts. Cambios que se abordarán cuando finalice el mandato de los consejeros actuales. Según el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, se pretende especializar la actividad de este organismo. Así lo señaló ayer durante la explicación del ante proyecto de Ley de Buen Gobierno que fue aprobado en el último pleno del Consell.

La futura ley, que tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada en la actual legislatura, que en lo que respecta a Les Corts finalizará a finales de marzo, contempla igualmente que las empresas que reciban subvenciones de la Generalitat y «con las que se contrate» desde el Consell, deberán tener un código de conducta público.

«La Ley de Responsabilidad Social que aprobamos anteriormente ya incidía en este tema, pero ahora lo que se pretende es ampliar esa situación con el fin de que la cultura de la transparencia impregne la sociedad. Exigiremos algo que ya se piden en otros países europeos, como es el caso de una declaración de responsabilidad social por parte de las empresas, que de no cumplirse podrían dar lugar a sanciones», explicó ayer Alcaraz, quien señaló que para optar a subvenciones o vincularse con la actividad de la Generalitat, las empresas deberán contar con declaraciones de responsabilidad social. Igualmente, a través de la nueva Ley de Buen Gobierno se quiere obligar a los ayuntamientos a dotarse de códigos de buen gobierno, pues el del propio Consell no ha sido secundado por gran parte de los gobiernos locales valencianos. Alcaraz advirtió de que la nueva ley precisará de un reglamento que no se desarrollará hasta la próxima legislatura.

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