El alcalde de Corbera es investigado por un delito de exacciones ilegales

El alcalde de Corbera es investigado por un delito de exacciones ilegales

Este delito consiste en exigir derechos, aranceles o minutas indebidos o en cantidad superior a la debida al exigir un canon de explotación a la empresa que gestiona la cantera local

EFE

El alcalde de Corbera (Valencia), Jordi Vicedo (Compromís), está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sueca por un supuesto delito de exacciones ilegales del que le acusa la empresa que gestiona la cantera local.

Este delito consiste en exigir, directa o indirectamente, derechos, aranceles o minutas indebidos o en cantidad superior a la debida, y según ha informado el PP local en un comunicado, supuestamente lo cometieron el alcalde y la secretaria municipal, también imputada, al exigir un canon de explotación a la citada empresa.

En declaraciones a EFE, Vicedo ha negado haber cometido ningún delito y atribuye la denuncia de la empresa responsable de la cantera a la negativa del Consistorio a seguir prolongando la licencia de actividad por reiterados incumplimientos.

El PP local asegura que «nadie puede negar, porque es público y así consta en numerosos documentos, que la empresa ha estado haciendo ingresos al Ayuntamiento mediante cheques y que se han realizado diferentes movimientos de tierra y construcciones sin ningún tipo de proyecto ni presupuesto con material de la empresa en cuestión«.

«Parece que el alcalde contactaba con la empresa y esta se veía comprometida a ceder para aportar áridos o maquinaria pesada. Sólo hacía falta el capricho del alcalde y la disposición de la empresa«, señala el presidente local del partido, Vicente Pastor, quien cree que Vicedo no debería presentarse a los próximos comicios.

«Desde el Partido Popular apostamos por el cierre de la cantera una vez se encuentre restaurado el medio natural en su totalidad y atajados al 100 % los problemas que genera al municipio. Lo que no se puede hacer es denegar una licencia a una empresa que tiene una afección sobre el medio ambiente sin plantear una solución alternativa«, añade Pastor.

Por el contrario, Vicedo ha explicado a EFE que la anterior corporación local del PP concedió, en 2004, una licencia para la restauración de la cantera a la actual empresa gestora.

«La restauración, a diferencia de la actividad minera, no está reglada; y la empresa, para restaurar la zona, debía explotar parcialmente la cantera. Fue la misma empresa la que, por escrito, propuso al Ayuntamiento pagar un canon por dicha explotación, que se fijó en 16 céntimos por metro cúbico«, explica el alcalde.

«Sin embargo, como el municipio no tenía medios para controlar esos volúmenes, finalmente se acordó una cantidad fija de 60.000 euros al año, una cifra que ha ido reflejándose anualmente en el presupuesto local, y que se podía cambiar por trabajos o materiales para intervenciones en el municipio«.

En 2012, cuando finalizó el periodo de la primera licencia, «se comprobó que los trabajos de restauración no estaban finalizados y, tras reunirnos con los vecinos afectados por la actividad de la empresa se llegó a la decisión de conceder prórrogas más cortas y acotar el espacio de la restauración, con el fin de poderlo verificar».

Tras esta prórroga de año y medio, explica el alcalde, la empresa abonó 90.000 euros.

Posteriormente, la empresa solicitó una nueva prórroga, que se le concedió esta vez por dos años (hasta septiembre de 2017), pero el consistorio, «tras comprobar que la empresa no había realizado la restauración comprometida», según Vicedo, rechazó la prórroga e instó a la empresa a tramitar una nueva licencia.

«Pedimos a la empresa no un canon, sino un aval serio, que nunca se llegó a cuantificar, para que garantizase que cumplía con su compromiso de restaurar la zona», ha detallado Vicedo.

Según el Consistorio de Corbera, la firma responsable de la explotación de la cantera tiene abierto un expediente por parte de la Conselleria de Infraestructuras por haber excedido su área de actuación, además de una decena de multas administrativas por 1.500 euros cada una interpuestas por el Ayuntamiento, de las que ya habría abonado prácticamente la totalidad.