El PP aguarda la declaración de Oltra para decidir si ejerce la acusación

El partido lleva meses sin despejar la incógnita sobre su estrategia en este delicado asunto. De momento, han derivado esta responsabilidad en otros operadores jurídicos como la acusación de Cristina Seguí o la de Vox, la última en incorporarse. Esto no le ha impedido beneficiarse, al igual que otras formaciones, de los réditos políticos. Sin duda, el más destacado la dimisión de la propia vicepresidenta, acorralada tras la imputación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un demoledor informe de la Fiscalía donde se sugería la existencia de una orden verbal de la propia consellera para silenciar la denuncia de la adolescente.

Los populares, antes de estallar el caso Oltra, ya habían puesto el foco en la causa abierta por las irregularidades en las subvenciones de Francis Puig, hermano del presidente Puig. Uno de los frentes que más preocupa en Presidencia porque afecta directamente a la imagen del máximo responsable del Consell. Ahí, la dirigencia de los populares sí decidió personarse desde el minuto uno, quizá porque intuyeron la gravedad y un recorrido judicial más extenso.

De igual modo, el PP también se embarcó en el conocido como caso Alquería, la investigación de la contratación irregular de altos directivos en la empresa pública Divalterra. Un asunto en el que ya han presentado su escrito de acusación y reclaman cerca de 18 años de cárcel para los principales procesados. Entre ellos, el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Los fondos no son ilimitados. Personarse en una causa no resulta a coste cero. Aparte de las fianzas en el caso de ser acusación popular –sería el supuesto en el asunto de Mónica Oltra– se debe hacer frente a los gastos del procurador y el letrado. A lo largo de los últimos meses ha habido otras causas judiciales en las que el PP ha preferido mantenerse al margen como alguna relacionada con Pere Fuset. En otros supuestos, la acción resultó fallida como el juicio a Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por supuestamente faltar a su deber de comprobar los requisitos de unas ayudas a la empresa de Francis Puig.

El PP, no obstante, no cree que su decisión final sea relevante para que el final del procedimiento se encauce en un sentido u otro. Los dirigentes sostienen que la instrucción desarrollada hasta el momento arroja indicios suficientes de criminalidad en la atención a la menor cuando esta denunció los abusos. Todo lo que no fuera que la líder de Compromís se sentara en el banquillo se traduciría en una sorpresa para la oposición. El PP, en su día, aportó al juzgado toda la documentación que tiene, entre ellos los protocolos vigentes en la Conselleria y que Oltra no cumplió con la menor abusada por el que era por entonces su marido.

La vicepresidenta se separó después de conocer los hechos, a través de una citación que llegó a su domicilio, aunque desde su entorno precisaron en su momento que pese a estar casados no convivían desde hacía muchos meses.

El 8 de septiembre, diez días antes de la comparecencia, hay otra cita clave en el asunto de las menores tuteladas. En esa fecha, Elena Bastidas comparecerá en Europa para denunciar la gestión de la Generalitat. «Es importante para nosotros que se conozca la deficiente gestión en este ámbito tan delicado», afirman.