Agosto pasa de 60,9 días a 58,4 por «errores de cálculo»
El mismo día que PSPV y Compromís se demostraron incapaces de pactar la propuesta de Hacienda para acelerar los pagos a proveedores, la Intervención de la Generalitat modificó el último dato que había publicado hasta la fecha, el correspondiente al pasado mes de agosto. Y no es un cambio cualquiera. Intervención había fijado el periodo medio de pago a proveedores en 60,9 días, una cifra que superaba con muchos los datos correspondientes a junio y julio -46 y 48 días, respectivamente- y que situaba a la administración autonómica ante un horizonte financiero delicado y con la ley de Estabilidad Presupuestaria apuntando hacia la intervención.
Sin embargo, una nota a pie de página en el documento señala ahora que con fecha del 18 de octubre -el mismo jueves que se reunió el consellet- se procedió a realizar una modificación del dato de agosto «a causa de la existencia de errores en la metodología para el cálculo del PMP». ¿Y cuál es la modificación? El nuevo dato que figura en la página web de la conselleria de Hacienda es de 58,4 días. Son sólo dos días de diferencia pero, atendiendo a lo que señala la ley de Estabilidad Presupuestaria, supone pasar de haber cumplido un mes por encima de los sesenta días -si se acumulan dos consecutivos se incurre en riesgo de intervención- a no hacerlo. La conselleria de Hacienda remarcó ayer que el ministerio está al corriente y de acuerdo con esta modificación y que, en todo caso, el dato del PMP no es definitivo hasta que lo hace público el propio ministerio.
El cambio en el dato del mes de agosto aligera el problema del Consell con sus pagos a proveedores. Pero dista mucho de resolverlo. Cosechar en agosto una cifra como ésta implica que los datos correspondientes a los meses de septiembre y octubre pueden ser incluso peores. Y eso significaría sumar dos meses consecutivos en riesgo de intervención por parte del ministerio de Hacienda. Con un presupuesto que vuelve a incluir 1.325 millones de ingresos como partida reivindicativa y con el Gobierno de Sánchez tratando de sacar sus cuentas en Bruselas, el fantasma de la intervención sería la peor noticia posible para el Ejecutivo autonómico.
