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Rafael Blasco, antes de una de las sesiones del juicio. Efe
La Abogacía reprocha a la Audiencia que no aclare cómo devolver el dinero en el caso Cooperación

La Abogacía reprocha a la Audiencia que no aclare cómo devolver el dinero en el caso Cooperación

La Generalitat recuerda que el Supremo aconseja resolver esta cuestión en sentencia y que no existe ningún procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas

A. Rallo

Valencia

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Lunes, 8 de junio 2020, 23:40

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El levantamiento de la suspensión de los plazos ha supuesto la paulatina reactivación de las causas judiciales. La Generalitat no ha tardado ni un día en mover ficha en la última pieza del caso Cooperación donde la Audiencia condenó a Rafael Blasco y a Tauroni a un año de cárcel y al exjefe de la Conselleria y Solidaridad Marc Llinares, a dos años y nueve meses.

Pero al margen de las penas de cárcel hay otro asunto como mínimo igual de importante y que la Sala evitó tratar en profundidad. Esto es precisamente lo que le reprocha ahora la Abogacía de la Generalitat en un escrito en el que solicita una aclaración -no se trata de un recurso- de la sentencia.

La Abogacía mantiene que la Sala comete un error al no pronunciarse sobre las responsabilidades civiles de Blasco y Llinares, es decir, respecto a cuánto dinero y en qué proporción deben reintegrar a la Administración. En la sentencia se aludía a que existían procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas respecto a estos supuestos. La Generalitat corrige a los magistrados y recuerda que esos expedientes se corresponden con la primera pieza del caso, ya enjuiciada por el TSJ y con las penas cumplidas casi en su totalidad por los acusados.

Además, tampoco entiende por qué la Sala evitó resolver sobre este particular cuando el Tribunal Supremo, según la jurisprudencia que cita incluso la propia sentencia ahora cuestionada, «indica» que deben resolverse las responsabilidades pecuniarias en el ámbito penal y más en este caso en el que la trama incluye a funcionarios pero también a empresarios. El Tribunal de Cuentas es un órgano encargado de limitar la responsabilidad contable de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos.

Además, el escrito presentado por la Abogacía, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, subraya que tampoco en el fallo se expone que se lleven estas actuaciones al Tribunal de Cuentas. Lo único que recogió la sentencia fue que las cantidades se aclararan en ejecución de sentencia.

La acusación particular también incide en otra de las lagunas de la resolución, que no determina la cantidad de dinero presuntamente desviado. Además, en este punto, los magistrados parecen apuntar a la falta de concreción de la propia Abogacía porque no aportó ninguna pericial para cuantificar al quebranto.

La Administración considera que en este extremo también la Sala olvida la existencia de un cálculo elaborado en su día por la propia acusación en el que cifraba las cantidades distraídas en proyectos para el Tercer Mundo. Ese informe figura en el escrito de acusación, según la propia Generalitat, que niega cualquier tipo de indefensión a las partes. Estos cálculos cifraban en dinero saqueado entre 4,6 y más de 5 millones dependiendo de si se incluían o no los gastos indirectos.

Resulta una incógnita saber si el exconseller regresará a Picassent. Dependerá de que esta sentencia sea firme y de si en ese momento Blasco ha finiquitado ya los seis años y medio de prisión a los que fue condenado. Ahora está en el tercer grado después de cumplir unos cuatro años. Llinares, salvo sorpresa, terminará ingresando en la cárcel, una de las prioridades de las acusaciones ya que no fue condenado en la primera pieza del caso.

Las mínimas penas a Blasco, entre otros acusados, se sustentan en que la Sala tiene en cuenta que lo máximo que se le puede poner por malversación es un año y medio. Ya fue condenado a seis y medio en la primera pieza. El máximo del delito son ocho. Exceder ese límite supondría imponerle más pena que si solo se hubiera celebrado un juicio. Pero también fue absuelto de otros delitos de los que estaba acusado como pertenencia a organización criminal.

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