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A. Rallo
Sábado, 27 de mayo 2017, 17:03
La legislatura no ha sido especialmente tranquila para el departamento que dirige la consellera Gabriela Bravo. El freno a la ley de la función pública y la reciente paralización de la digitalización de los juzgados son algunos de los más importantes contratiempos. Del mismo modo, su conselleria inauguró la nueva política de 'transparencia' del Consell y fue la primera en ser condenada por no facilitar información al PP. Del mismo modo, las relaciones en el propio departamento no son excesivamente fluidas. El mestizaje entre PSPV y Compromís no acaba de encajar en la conselleria. Las relaciones entre Bravo y su propio número dos no son fluidas. Algunas fuentes apuntan incluso a que no existe comunicación. Recientemente Bravo tuvo que buscar un sustituto para la Dirección General de Justicia. No encontró a nadie que quisiera asumir su responsabilidad. Se llegó a sondear incluso al juez instructor del caso Emarsa, que también descartó embarcarse en la aventura política. Finalmente, desde Presidencia eligieron a una concejal del PSPV.
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