El conseller Vicent Marzà vigilará el uso del valenciano también en el ámbito privado

El conseller de Educación, Vicent Marzà, no tiene intención de extender y controlar el uso del valenciano simplemente al ámbito de la Generalitat. También quiere vigilar que se hable la lengua autóctona en la Administración local (ayuntamientos) y sus entes dependientes, así como en la Administración del Estado y organismos vinculados a ella en la Comunitat, tal es el caso de la Seguridad Social o los cuerpos policiales. Y más allá, porque el proyecto de decreto que ha elaborado para crear la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) establece que su ámbito de actuación llega también a aquellos sujetos «de carácter privado, que siendo personas jurídicas o físicas, hayan perjudicado con su actuación los derechos de la ciudadanía», supuestamente la que habla en valenciano, pues el decreto para la creación del organismo no hace mención alguna a otra lengua que no sea la autóctona.

De esta manera, Marzà pretende velar por los derechos de los valencianoparlantes, tanto en su relación con entes públicos como con personas o empresas. «En una segunda fase, la ODL ofrecerá a la parte infractora el apoyo y los recursos adecuados para evitar que estos tipos de comportamientos se reproduzcan en el futuro», señala el proyecto de la Dirección General de Política Lingüística en el preámbulo de un articulado donde se determina que el futuro organismo se dirigirá a cualquier ciudadano o propietario de comercio para que enmienden los hechos que se denuncien, de tal manera que las personas físicas o jurídicas privadas denunciadas «han de dar cuenta de todas las actuaciones correctivas que emprendan en la respuesta que remitan a la ODL».

La portavoz de justicia del grupo popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, calificó ayer el borrador normativo de Marzà como un intento de «crear comisarios lingüísticos que van a poder, tanto en el ámbito público como en el privado, decidir en qué idioma hablamos y cómo hablamos» con el fin de instaurar «un estado de inmersión lingüística vigilada». Este periódico intentó ayer recabar la versión de la Conselleria de Educación, pero no obtuvo respuesta.

La diputada del PP anunció ayer que su partido presenta alegaciones ante el Consell contra el proyecto, que rechazó considerando que el Ejecutivo liderado por PSPV y Compromís «quiere controlar hasta qué idioma hablamos en la intimidad y no sólo cuál, sino cómo lo hablamos, y nos castigará si no es 'botánicamente' correcto. Es un estado de inmersión vigilada».

Ferrer San-Segundo auguró que «a este paso lo siguiente será instaurar la policía del pensamiento, donde el 'Gran Hermano Marzà', con la claudicación de la consellera Bravo en el ámbito de la función pública, nos corregirá en qué idioma debemos pensar o soñar».

La abogada y parlamentaria popular afirmó que «el valenciano debe ser protegido y potenciado, pero la libertad y la no discriminación de los ciudadanos, también. Los derechos son de las personas, la libertad a expresarse en una lengua u otra, también, y sin duda ninguna, también en los ámbitos privados».

La diputada explicó que en el preámbulo del decreto «hay imprecisiones y exageraciones sobre la vulnerabilidad de los derechos lingüísticos que deberían suprimirse» y «tampoco se incluye en ningún momento ni se hace mención de las dos lenguas oficiales en la Comunitat», al tiempo que «invade competencias de otras administraciones, estatal y local, sobre las que el texto del decreto impone exigencias».

«La oficina lingüística de la Generalitat podrá denunciar, adoptar medidas y respuestas para corregir a personas particulares en su ámbito privado», advirtió la diputada, quien puntualizó que el decreto carece de «tipificación de las conductas: no se sabe qué es infracción ni las conductas sobre las que pueda imponerse corrección, imposición o cualquier tipo de efecto restrictivo o sancionador». Las denuncias pueden realizarla particulares, asociaciones o la propia ODL, y las resoluciones no se podrán recurrir.