El caso Ritaleaks, en manos de la Fiscalía del Supremo

A. G. R.

valencia. La Fiscalía de Valencia ha enviado a la del Supremo toda la investigación sobre los gastos de Rita Barberá como alcaldesa durante su último mandato. La decisión supone un paso más en las diligencias que abrió la sección de Delitos Económicos de Valencia. El objetivo es aclarar si la primera edil utilizó fondos públicos para intereses privados. Es decir, si pagó comidas, viajes o regalos sin justificación alguna con su responsabilidad política. Si el fiscal encargado del asunto no hubiera visto indicios delictivos en la actuación de Barberá podía haber archivado el caso sin necesidad de este trámite. No lo ha hecho. El traslado del expediente ya adelanta que la investigación desarrollada en Valencia contendría indicios de irregularidades en la etapa de la actual senadora.

El proceso equivaldría a una inhibición de un juzgado a un órgano superior si el asunto estuviera judicializado. Aquí el traslado se produce al considerar que existen indicios contra la persona aforada y sería este órgano el competente.

Un ejemplo que puede ilustrar lo que ha sucedido con este asunto es el trámite que siguen los fiscales cuando quieren presentar un recurso al Tribunal Supremo ante la disconformidad con alguna sentencia. Los responsables envían un informe con lo que serían los argumentos de su escrito. Pero son sus compañeros de Madrid quienes lo estudian y lo presentan si creen que puede prosperar.

Esto es quizá lo que puede darse también en este supuesto. Fuentes oficiales de la Fiscalía evitaron ayer pronunciarse acerca de si el traslado de las diligencias contaría con un informe o documento que recogiera los indicios en contra de la primera edil y/o una propuesta de actuación. Las mismas aclararon que en todo caso se trataría de una comunicación interna de la que no se da traslado a las partes (en este caso el denunciante).

El periodo de investigación se amplió recientemente otros seis meses. La última diligencia practicada se realizó el pasado lunes cuando el fiscal tomó declaración como investigada a Asunción Barberá, jefa de gabinete y hermana de la alcaldesa. Se negó a contestar a las cuestiones planteadas por el ministerio público. Su comparecencia se limitó a explicar el proceso de tramitación de los gastos en el Ayuntamiento de Valencia donde otros organismos como la Intervención o la Secretaría tendrían más responsabilidad en la autorización. Ella sólo «visaba».

Las diligencias comenzaron en mayo de 2015. Solo unos días antes, Compromís había hecho estallar el llamado 'caso Ritaleaks' al publicar en internet, con buscador incluido, 466 facturas autorizadas o a nombre de la exalcaldesa por valor de 278.000 euros. El consistorio valenciano emitió en febrero pasado, ya encabezado por Joan Ribó, un elaborado informe a petición de Anticorrupción sobre las facturas del gabinete de la Alcaldía entre 2009 y 2015. En esas 305 páginas se ratificó que se cargaron al consistorios viajes, regalos y comidas.

No es este el único problema judicial que amenaza a la actual senadora. El Tribunal Supremo debe decidir si investiga a Barberá por la causa del blanqueo de 50.000 euros en el Ayuntamiento y por no retirar símbolos franquistas.

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