Un delegado de UGT cobró 37.000 euros de Imelsa por un día de trabajo

Alfonso Rus, durante un traslado de los agentes al juzgado. :: jesús signes/
Alfonso Rus, durante un traslado de los agentes al juzgado. :: jesús signes

El exgerente de la empresa pública dice que contrató a 200 o 300 personas, que todos eran «enchufados» y que la entidad era un pozo sin fondo para atender «amiguismos»

A. RALLOVALENCIA

«Imelsa era un pozo sin fondo». Marcos Benavent, el que fuera gerente de la empresa pública, describió a los agentes de la Guardia Civil que no había «solución posible contra los excesos de amiguismo». La mayoría de los empleados eran «enchufados». Él mismo, en los siete años que estuvo al frente de la empresa, aseguró que contrató a 200 ó 300 personas. Una auténtica agencia de colocación. Los asesores eran elegidos para cumplir con el político de turno. Nunca hubo ningún proceso de selección.

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia levantó el pasado viernes el secreto sobre esta parte de la investigación. El auto del magistrado revela que alrededor de una quincena de personas cobraban de Imelsa sin ir a trabajar, mientras otro grupo recibió elevadas indemnizaciones.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil profundiza en estas presuntas irregularidades. Cita el caso de Honorio Estornell, delegado sindical de UGT y exalcalde de Llutxent. Los agentes no dudan en destacar dos hechos. Uno podría resultar cómico si no estuviéramos hablando de una empresa pública. Honorio fue en 2008 uno de los empleados mejor pagados. Por un día de trabajo- eso sí, festivo- se embolsó 37.607 euros. Un sueldo de futbolista. Lo más probable es que no fuera ni siquiera a trabajar al tratarse del día de Año Nuevo.

Benavent explicó en su día que todos los despedidos gozaban de la indemnización máxima como «un favor para compensar» el disgusto de perder el empleo. También Estornell recibió supuestamente una compensación económica superior a la legalmente establecida tras terminar su relación laboral. Tras cinco años en la mercantil, dejó la sociedad con más de 72.200 euros de indemnización.

No es este un caso aislado. La Guardia Civil destaca el supuesto de Frutos Biosca, teniente alcalde de Vallada, que es despedido de la empresa justo con 64 años cuando al año siguiente podía haberse jubilado. Imelsa le paga 47.700 euros y aparte le corresponde un año de paro. Si la firma contrató posteriormente a un sustituto, la operación evidencia una mala gestión de los fondos públicos.

María Jesús Aleixandre es otra de las investigadas sobre la que los agentes de la UCO concentran sus sospechas. Al parecer ya había sido sancionada por no cumplir con sus obligaciones. En 2007 es despedida con una liquidación de 63.445. En realidad, lo que le hubiera correspondido contabilizando los seis años de trabajo, serían nueve meses de sueldo. Lo máximo que llegó a ganar en un ejercicio fueron 43.000 euros. María Celeste Estarlich es otra de las empleadas que obtuvo un generoso trato de favor. Estuvo empleada durante algo más de dos meses y se cogió cinco días de vacaciones. Cobró más de 6.000 euros. La indemnización tras ser despedida alcanzó casi los 14.000 euros.

Sin control de nóminas

El descontrol en la empresa pública era de proporciones inmensas. De hecho, Imelsa pagaba el sueldo de personal de diferentes organismos como la «Sala Parpalló, prensa de la Diputación, en Turismo, en el Muvim, en Presidencia...Incluso en la Escuela de Capataces de Catarroja o la nómina de los secretarios y secretarias de los diputados», según informó Benavent a los agentes de la UCO.

Llama la atención los dos empleados de Engloba que corrían a cuenta de la caja de Imelsa. Benavent reconoce que fue por hacerle un favor a José Vedri. El exgerente lo justifica porque el empresario «estaba pasándolo mal». Durante cuatro meses estuvieron a sueldo de la empresa pública, aunque trabajaban para una firma privada. Uno de los propios beneficiados ha reconocido estos hechos. Le dieron un contrato que firmó y, tras su etapa, la baja. No cobró indemnización.

Benavent relató a los agentes el engranaje del sistema de fraude. «No había ninguna oferta de empleo público ni proceso de selección. Te daban un currículo y había que encajarlo donde fuera». En algún caso, la 'buena voluntad' de Benavent, al parecer, se impuso y trató de frenar esta irregular práctica de costear las nóminas de empleados de otras administraciones. Le llevaron un informe al secretario de la Diputación de Valencia por la «cesión ilegal de trabajadores». La respuesta de este responsable supuestamente fue «reírse en su cara».

Esta causa cuenta con 28 investigados. Entre los que destacan el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, el jefe de gabinete Emilio Llopis y el empresario de Engloba. A estos se suman el gerente Marcos Benavent y parte del personal directivo de la empresa pública, como la jefa de recursos humanos y el director financiero. El resto de investigados son los beneficiados por esta irregularidad entre los que se cuentan alcaldes, el exfutbolista del Olimpic, Miguel Ángel Mullor y otros responsables relacionados incluso con el Ayuntamiento de Valencia. Así, se da el caso de una mujer que iba en la lista de Barberá en las últimas elecciones a la alcaldía.

Benavent, que se convirtió en un colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, es especialmente clarificador a la hora de informar a los agentes de las personas que presionaban y ejercían su influencia para conseguir contrataciones en la empresa pública. No diferencia entre las diferentes fuerzas políticas que entraban en el juego de beneficiar a sus conocidos. Cita a Alfonso Rus y a su jefe de gabinete Emilio Llopis y al vicepresidente de la Diputación Juan José Medina. Pero añade a José Manuel Orengo (PSPV), Emili Altur (Compromís), Raúl Pardós (alcalde de Gestalgar y exdiputado provincial del PSPV) y Rosa Pérez (EU).

Se da la circunstancia de que esta dirigente fue la que denunció el caso en la Fiscalía Anticorrupción y finalmente se ha visto implicada en las pesquisas. Sin embargo, el asunto de los asesores, aunque se recogen declaraciones en esta pieza, se investigará en una causa al margen.

El informe de la Guardia Civil también menciona el caso de dos arquitectos que desembarcan en la Diputación de Valencia de manos de Máximo Caturla. Es el entonces responsable de la empresa pública encargada de la construcción de colegios el que le impone a Benavent la contratación de estas dos personas «de la máxima confianza de Caturla». El objetivo es que se encargaran de los diferentes planes de sustitución del césped en los polideportivos locales. Ellos firman los pliegos de condiciones técnicas.

El TSJ informó de que en esta nueva pieza separada se investigan los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. El instructor decidió prorrogar el secreto de las actuaciones de la pieza principal durante un mes más a la espera de varios informes policiales.

Fuentes cercanas a Honorio Estornell apuntaron ayer algunas inexactitudes del informe de la Guardia Civil. Explicaron que el entonces dirigente de UGT llevaba trabajando en la empresa pública desde 1995 y niegan que cobrara 37.000 euros por un día de trabajo festivo. Indicaron que eso es una "interpretación" de los agentes y que, en realidad, forma parte de la indemnización por despido. Añadieron que el trabajador fue uno más de las cerca de 60 personas que fueron despedidas durante el año 2007, la mayoría de sensibilidad progresista.

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