Bonig pide a Génova que sancione a los nueve concejales que no dejan el acta

La presidenta del PPCV Isabel Bonig y la coordinadora general Eva Ortiz. :: efe/
La presidenta del PPCV Isabel Bonig y la coordinadora general Eva Ortiz. :: efe

El comité regional de garantías remite a Madrid el informe que invita a endurecer el expediente abierto por incumplir el acuerdo de dimitir

J. C. F. VALENCIA.

El comité de derechos y garantías del PP valenciano remitió ayer al correspondiente órgano de la dirección nacional un informe sobre los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia que se niegan a entregar su acta pese a haberse comprometido a ello -según la dirección regional- el pasado 15 de febrero.

El documento propone transformar en «sancionador» el expediente informativo que Madrid ya abrió al casi medio centenar de cargos -concejales, asesores y exediles- del partido investigados por blanqueo en el caso Taula, o en su defecto, abrir otro expediente que pueda acarrear medidas disciplinarias. Y aunque no propone explícitamente la expulsión, sí que menciona el artículo 13.1, apartado e, de los estatutos del partido, que es el que considera como una falta muy grave la «desobediencia» a las directrices del partido.

El paso de la dirección regional del PP valenciano -el comité de derechos y garantías que preside Alfredo Castelló actúa por mandato de la presidenta Isabel Bonig- formaliza la petición a la dirección nacional de medidas contra los nueve concejales que siguen formando parte del grupo popular, aunque en calidad de independientes. Una actuación que la dirección regional ya ha verbalizado en alguna ocasión: la expulsión del partido. Bonig, que desde un principio dejó entrever su voluntad de aplicar mano dura con los nueve concejales, optó primero por darles un plazo de un mes -ese es el acuerdo del 15 de febrero- hasta que el titular del juzgado de instrucción número 18 de levantara el secreto de sumario.

Consumado ese plazo, la presidenta regional se reunió uno a uno con cada concejal para recordarles su compromiso de un mes antes. Dos de ellos no llegaron a reunirse con ella. Tras la pertinente comunicación por escrito -y a la vista de que el expediente informativo abierto por Génova limitaba las opciones de actuar desde la dirección regional-, a la que los concejales contestaron con un rotundo 'no', Bonig acabó optando por elevar este informe a Madrid.

El documento, remitido ayer mismo, relata cómo se han venido sucediendo estos hechos. Recuerda el auto dictado por el juez del caso Taula en el que identifica al medio centenar de personas investigadas -el término que sustituye al de 'imputados' tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- y solicita al comité nacional de derechos y garantías que actúe, en atención al artículo antes mencionado y que alude a una falta muy grave.

Con la maniobra del PPCV, la decisión sobre los nueve concejales pasa a estar en manos de la dirección nacional. De hecho, esa ha venido siendo la postura que han argumentando los ediles: que al haber abierto la dirección nacional un expediente informativo, debía esperarse a que Génova se pronunciara sobre su situación. Los nueve concejales aprovecharon ese expediente para dejar en evidencia a Bonig, a la que se le ha venido atribuyendo durante todo este proceso la voluntad de expulsar a los concejales del partido para evitar esa sorprendente situación que supone el hecho de que estén suspendidos de militancia y, sin embargo, continúen formando parte del grupo municipal popular.

La dirección nacional del PP tiene nombrado un instructor, Francisco Molinero, que es el que se está encargando de tomar declaración a los concejales -el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo ha confirmado que esas declaraciones ya han comenzado- y que es el que tendrá que decidir en relación con el informe remitido por el PPCV.

Elogios a Bonig

El vicesecretario de Comunicación de Génova, Pablo Casado, ya advirtió la semana pasada que el expediente informativo de la dirección nacional podía desembocar también en la «expulsión definitiva» del partido de dichos cargos. Martínez-Maillo señaló este pasado sábado «la coordinación» que la dirección nacional de los populares mantiene con la cúpula del partido en la Comunidad Valenciana respecto de los concejales investigados por supuesto blanqueo de dinero. El responsable de Organización del PP también se refirió en términos elogiosos hacia Bonig. «De hecho, estamos muy contentos con ella y su equipo en un momento de extrema dificultad», manifestó el vicesecretario, para quien ser presidente del PPCV es motivo de «orgullo», pero, en estos momentos, «también de dificultad».

La evolución del expediente también está pendiente de la declaración de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. La dirección nacional del PP quiere terminar este expediente cuanto antes, consciente de que este caso daña políticamente al partido. Eso sí, fuentes del PP admiten que «la situación procesal» de la exalcaldesa Rita Barberá y el volumen de implicados en este presunto caso de blanqueo impide fijar una fecha para zanjar este asunto. El instructor de Taula debe remitir en los próximos días exposición razonada al Supremo en relación con la situación procesal de la exalcaldesa.

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