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Vicente Queralt, junto a los diputados Barceló, Martínez y Bellver. :: LP

Podemos quiere que la Sindicatura de Comptes fiscalice las ferias

El proyecto de ley de los podemistas amplía las competencias del órgano auditor

BURGUERA

Miércoles, 9 de marzo 2016, 21:20

La proposición de ley para modificar la ley de la Sindicatura de Comptes (SC) recoge una ampliación del ámbito de fiscalización del ente auditor. Hasta ahora, bajo el foco del organismo público está la Generalitat, su entidades autónomas y el resto de entidades u organismo participados mayoritariamente por la Administración autonómica. Sin embargo, la iniciativa podemista (que según fuentes del partido morado cuenta con la aprobación, en líneas generales, de PSPV y Compromís) pretende que la sindicatura también controle «las fundaciones constituidas con una aportación mayoritaria del Consell, los entes del sector público cuyo patrimonio fundacional esté conformado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por entes públicos», así como las instituciones estatutarias (el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Comité Econòmic i Social)». Fuentes de Podemos en la Comunitat señalan que, de esta manera, la fiscalización de la SC «se extenderá también a las instituciones feriales, por ejemplo»

La reforma de la normativa pretende, según fuentes podemistas, que «se iluminen zonas de sombras» del ámbito de lo público, así como conocer el destino del dinero que la Administración presta a entidades como, entre otras, las instituciones feriales de Valencia o Alicante.

«La Sindicatura nunca ha auditado a instituciones estatutarias como el CVC. Algo sorprendente, pero se trata de organismo que jamás han registrado una fiscalización externa», señalaron desde el partido morado, que presentó su proposición de modificación de la normativa el pasado mes de febrero. Los podemistas también consideran necesario que la propia Sindicatura sea auditada, algo que no puede hacer así misma por ley, «pero sí por sus pares, es decir por un ente similar de otra comunidad autónoma».

Incide en las universidades

La propuesta normativa, firmada por el síndic del grupo parlamentario Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, no sólo amplía el ámbito competencial sino que pretende incidir en el control de entes muy significativos. La proposición incluye expresamente en el articulado de la ley que deberán ser contraladas las universidades públicas de la Comunitat, así como los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones de electores en cuanto a la gestión que hacen de las subvenciones.

El pasado 22 de febrero, el síndic Rafael Vicente Queralt señaló durante la presentación en Les Corts de la fiscalización de la cuenta general de la Generalitat de 2014, que, respecto a la iniciativa legal de Podemos, «nos gustaría decir alguna cosa sobre eso». Fino reproche por considerar que falta su aportación a una propuesta legislativa en la que se estrechan los lazos entre la Sindicatura y la Cámara, que deberá recibir informes cuatrimestrales (además de los anuales), podrá reclamar la ampliación de los informes en aspectos concretos. La revisión del trabajo de la SC a lo largo del año pretende agilizar los mecanismos de control y obligar a que se ponga el foco sobre situaciones que puedan intuirse como irregulares.

En este sentido, Les Corts también tendrá que expresar su conformidad respecto a una planificación anual del trabajo del órgano auditor que deberá presentarse en la Cámara antes de ser aprobado por el Consejo, el órgano colegiado de la institución auditora, que por ley, además, deberá reunirse como mínimo una vez por trimestre.

Esa vinculación entre el Parlamento valenciano y la SC se estrechará aún más en el aspecto simbólico teniendo en cuenta que no será el presidente e la Generalitat (como hasta ahora) el que nombre al Síndic Mayor, sino que también lo designará Les Corts.

Podemos pretende endurecer los requisitos para que los altos cargos políticos accedan posteriormente a la Sindicatura. Del año que actualmente se fija en la ley como el plazo mínimo que debe pasar entre la ocupación de un cargo público y la opción de incorporarse a la SC, la nueva ley pasaría a reclamar un mínimo de cinco años. Además, el sucesor de Rafael Vicente Queralt sólo podrá presidir la institución durante seis años no renovables. Igualmente, ser uno de los tres síndicos no podrá prorrogarse más allá de dos mandatos (doce años).

Renovación de los síndicos

«La institución nació contaminada por los políticos. La evolución ha ido a mejor gracias al trabajo de Vicente Queralt, por tratarse de un profesional, pero los otros dos síndicos han sido casi de todo en política antes de recalar en la institución. Hay que acabar con la politización de la Sindicatura si queremos prestigiarlo como organismo independiente», señalaron fuentes de Podemos.

La inclusión de «perfiles más profesionales y menos políticos, con una trayectoria menos ligada a los partidos políticos supondrá, según se considera en Podemos, que junto a la anunciada marcha del actual Sindic Mayor (un veterano que lleva 15 años en el puesto), también dejen la institución tanto Marcela Miró (exconsellera con el PP y expresidenta de Les Corts durante el liderazgo de Eduardo Zaplana de las filas populares en la Comunitat) como Antonio Mira-Perceval (expresidente de la Diputación de Alicante y vicesecretario general del PSPV en la Comunitat en los años noventa).

El próximo 29 de mayo finaliza el mandato de los tres síndicos actuales, y desde las filas podemistas se tiene la intención de que fiscalizaciones como la del CJC la lleve a cabo «una Sindicatura renovada», y no sólo en sus principales puestos, ya que la figura del secretario general de la institución «tiene un sistema de designación peculiar y queremos que sea más transparente». Aunque a Vicente Queralt le «gustaría» que la institución «diga alguna cosa» sobre los cambios propuestos por el partido morado, los podemistas ya se reunieron, el pasado 19 de febrero, con la junta de personal de la institución, y los técnicos de la SC también les transmitieron la necesidad de preservar el órgano y de reforzarlo, pues recordaron que algunos casos de corrupción y mala gestión ya fueron difundidos por la Sindicatura, si bien es posible que no se hiciese «con la suficiente claridad».

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