Calabuig pedirá la auditoría de una docena de contratos vinculados al 'caso Imelsa'

La concejal María Jesús Puchalt, ayer en la Ciudad de la Justicia. :: irene marsilla/
La concejal María Jesús Puchalt, ayer en la Ciudad de la Justicia. :: irene marsilla

El Ayuntamiento forma hoy la comisión de investigación, donde Novo baraja presentarse como representante del PP pese a su imputación

P. MORENO VALENCIA.

El Consistorio de Valencia tiene previsto aprobar hoy la comisión de investigación derivada del 'caso Imelsa', con especial incidencia en el presunto blanqueo de capitales realizado por el grupo popular, así como los contratos donde se pudieron cobrar comisiones a las empresas adjudicatarias.

Antes de que ocurra eso, los grupos políticos tomaron ayer posiciones. El portavoz socialista, Joan Calabuig, adelantó que planteará en la comisión de investigación que se solicite la auditoría de varios de los contratos bajo sospecha.

Apuntó que para el «buen funcionamiento» de la comisión y la «obtención de datos objetivos», más allá de los que en su momento aporte el levantamiento del secreto de sumario, es necesario que por parte del Ayuntamiento «se encarguen y dirijan auditorías integrales». La comisión tendrá miembros de cada uno de los cinco grupos que forman el hemiciclo, donde se aprobó por unanimidad la investigación.

El grupo popular apoyó con sus votos este grupo de trabajo, que se forma hoy pero que no entrará en acción hasta que se levante el secreto del sumario, al considerar el gobierno que ahora se carece de materia para tratar y exigir, en caso de que proceda, responsabilidades políticas a los afectados.

Fuentes del grupo popular indicaron ayer que todavía no tenían elegido a su representante. «Puede ser Alfonso Novo, Félix Crespo o Eusebio Monzó», dijeron. Los dos primeros están imputados por el juzgado de instrucción número 18 por participar presuntamente en el blanqueo de capitales.

Lo que sí tiene claro el PP es una de sus primeras peticiones a la comisión: será la auditoría de los gastos de todos los grupos municipales el pasado año, incluido el primer semestre de Esquerra Unida, correspondiente al anterior mandato y donde tenía representación. Los gastos se fiscalizan por la intervención municipal y proceden de un presupuesto que asigna el Consistorio.

Calabuig añadió por su parte que «no es suficiente con las auditorías contable, sino que junto a ésta tiene que realizarse un análisis jurídico y operativo que permita, entre otras cosas, contrastar que las cantidades que aparezcan reflejadas en las facturas se correspondan con los precios del mercado», precisó.

Entre los expedientes que los socialistas van a plantear que se auditen, citó el de las obras, adjudicación y gestión de La Rambleta, la rehabilitación de las Torres de Quart y puentes de Serranos y Trinidad, varias ediciones de La Mostra, los contratos de publicidad con cuatro empresas del grupo Trasgos (Trasgos Comunicación, Cuco Comunicación, Contrucciones Payá y Montesinos y Tannhäuser Producciones), la construcción del retén de bomberos del Carmen y la contrata de la grúa con Servicleop.

Por el juzgado de instrucción pasaron ayer más asesores y concejales del PP para prestar declaración. Acudió María Jesús Puchalt, Vicente Aleixandre y Francisco Lledó, estos dos últimos del anterior mandato. Todos los ediles populares están imputados por presunto blanqueo de capitales de mil euros cada uno.