«Necesitamos la dación en pago»

Ignacio Grande. :: d. torres/
Ignacio Grande. :: d. torres

DANIEL NAVARRO

valencia. Ignacio Grande es licenciado en Geografía e Historia y director durante más de seis años del Colegio diocesano Nuestra Señora de los Desamparados en Nazaret. Fue vicepresidente del Movimiento Diocesano Junior. Desde julio de 2014 es director de Cáritas Diocesana de Valencia, desde donde demanda medidas sociales para que todos tengan garantizada su dignidad y contribuir a la construcción de una sociedad cohesionada.

1 Garantía de ingresos para hogares en situación de pobreza . Cáritas plantea que la puesta en marcha de un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal supondría una medida eficaz para luchar contra la pobreza en general y, muy especialmente, contra la pobreza severa.

2 Acceso universal a la sanidad y sin copago farmacéutico. Reinstaurar el modelo anterior a la reforma sanitaria que garantice un sistema de salud universal y gratuita para las personas más vulnerables, ya que constituye un pilar del Estado Social y de Derecho, y que evita desigualdades y garantizaba el derecho humano a la salud. Asimismo, el copago farmacéutico debe suprimirse al no ser proporcional al nivel de rentas.

3 Garantizar el derecho humano a una vivienda digna y adecuada. El Gobierno debe llevar a cabo una reforma legislativa que permita la dación en pago. Además es necesario dar prioridad a formas de tenencia segura que también sean económicamente accesibles, una propuesta que se puede conseguir con el alquiler social, la cesión de uso y la propiedad cooperativa.

4 Incrementar el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional debe equipararse al salario medio, no como ahora que está cercano al umbral de pobreza, este debe mantenerse por encima del incremento de la inflación. De esta manera, conseguir un empleo digno pasa por garantizar un salario digno.

5 Cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas. En los procedimientos de adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, hay que dar prioridad a empresas con responsabilidad ambiental y social.

 

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