Giner, expresidente de la Diputación, imputado en la trama de ayuntamientos

Giner, expresidente de la Diputación, imputado en la trama de ayuntamientos

La trama de saqueo de los ayuntamientos a través del cobro por informes inútiles o inexistentes cuenta ya con más de una treintena de imputados

A. RALLO

valencia. La trama de saqueo de los ayuntamientos a través del cobro por informes inútiles o inexistentes cuenta ya con más de una treintena de imputados. El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia levantó recientemente el secreto de las actuaciones.

Entre los investigados destacan fundamentalmente dos políticos. Uno de ellos es Fernando Giner, el que fuera presidente de la Diputación de Valencia antes de la llegada de Alfonso Rus en 2007 a la corporación municipal. No obstante, su imputación en el caso no se debe a esta responsabilidad sino a su etapa como alcalde de Vallada, obligación que abandonó en 2011.

El otro responsable con cierta relevancia que se ha visto implicado es Jorge Lamparero, tal y como ayer informó LAS PROVINCIAS. El que fuera director general de la Conselleria de Medio Ambiente está relacionado con el pago de unos 50.000 euros a una de las numerosas sociedades que manejaban los dos supuestos cerebros de la trama. Se trata de José Antonio Sancho Sempere, exsecretario del ayuntamiento de Canet, y Rafael Parra Mateu, funcionario de Chiva que estaba en comisión de servicio en el Consorcio de Museos.

El Consistorio de Vallada no es el único que se ha visto salpicado por esta investigación. Los alcaldes o exalcaldes de otras localidades, como Godelleta, Cheste, Real de Gandia, Vall de Laguar, Ador, Benisanó, Benirreda y San Antonio de Benagéber, entre otros, también se han visto obligados a pasar por el juzgado que instruye las diligencias. Los ayuntamientos ya fueron registrados en su día por la Guardia Civil.

No existe una cuantificación exacta del fraude perpetrado por los dos principales acusados, pero la cifra podría superar el medio millón de euros. En ocasiones no existía ni siquiera un contrato para la realización de los informes. Se pactaban de manera verbal, algo que prohíbe expresamente la ley para evitar este tipo de ilegalidades.

El origen de este caso se remonta a las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals. La exalcaldesa Natividad García se enfrenta a nueve años de prisión por pagar por informes sin ninguna utilidad a los responsables de la red delictiva. Ella recibió una importante compensación económica, alrededor de 10.000 euros, como «recompensa por la contratación».

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