El PP teme una desbandada de cargos tras constituirse los ayuntamientos

La amarga victoria electoral lograda por el PP de la Comunitat el cuarto domingo de mayo en las municipales y las autonómicas ha dejado en estado de skock al partido. Con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia fuera del alcance, al igual que el de Castellón y el de Alicante, con la Diputación de Valencia en manos de izquierda y la de Alicante pendiente de un fino hilo para que dejen de dirigirla los populares, el resultado electoral ha propiciado que la gran mayoría de municipios, que hasta hace nada eran señorío del PP, vayan a pasar el próximo sábado 13 de junio a ser conducidos por tripartitos de izquierda.

Los alcaldes se han encargado de transmitir esta semana pasada a las direcciones provinciales su hartazgo y, sobre todo, la sensación de que han pagado ellos la mala imagen de la marca por la posición que ha mantenido la dirección nacional del partido frente a los casos de corrupción que ocupan a Génova, como es el caso Bárcenas, los sobres con sobresueldos o que el PP, sin apellidos, se tenga que sentar en el banquillo como responsable civil subsidiario porque sus tesoreros trabajaban con una caja B, además de la acción de gobierno de Mariano Rajoy, que ha restado inversiones a la Comunitat Valenciana y no ha resuelto el problema de la infrafinanciación, sino que ha facilitado dinero a préstamo para salir del paso.

A eso se le ha unido que muchos alcaldes y cargos locales, especialmente en la provincia de Valencia, todavía no se han recuperado de haber escuchado primero las grabaciones en las que supuestamente se oía a Alfonso Rus, el gran referente de la provincia en el partido, contar dinero junto a quieren fuera uno de sus hombres de confianza, Marcos Benavent, su destitución fulminante como presidente provincial del partido y su suspensión cautelar de militancia.

Y la puntilla para el partido en general fue la que el recibió el pasado viernes: la detención de Serafín Castellano, con destitución y suspensión cautelar de militancia. El delegado del Gobierno, exconseller, exsecretario general y expresidente provincial, un histórico del PP y otro gran referente del partido, apareció esposado y conducido por un policía, del brazo, para que declarase ante el juez de Sagunto. "¿Sólo por una escopeta?", se cuestionan. Ven "un exceso enorme" que la Policía llevara esposado a Serafín Castellano o al exalcalde de Quartell, Paco Huguet. "Es que los han tratado como si fueran unos terroristas", lamentan.

Es la tormenta perfecta para que se produzca una desbandada, consideran cargos relevantes del partido. Y eso es, precisamente, lo que temen tanto en la cúpula del partido en la provincia de Valencia como en la regional, que se desestructure el partido desde abajo.

Una desabandada que, apuntan, se puede empezar a producir inmediatamente después de la constitución de los nuevos ayuntamientos. La fecha clave es el 13 de junio, dentro de un par de semanas.

Fuentes de la provincial de Valencia consideran que la desmoralización de los alcaldes que van a dejar de serlo en pocos días por todos estos asuntos -la exigua victoria electoral y los casos de corrupción- puede ocasionar una dimisión horizontal, tanto de la alcaldía como de la presidencia local del partido. Normalmente ambos cargos van de la mano en el PP.

Los populares consideran que resultaría sumamente extraño que un alcalde que ha estado al frente de un consistorio municipal dos o tres legislaturas, como es el caso de muchos de ellos, siga en el ayuntamiento a pesar de que se encuentre en la oposición. "Lo normal es que se vayan", reconocen.

Pero esta marcha se ve precipitada "porque nos podemos quedar sin estructura en el partido y eso ya sería el desastre definitivo, la desaparición del PP valenciano". De ahí que estén realizando llamamientos a la calma, a actuar con sosiego, porque como reconoció Alberto Fabra el martes pasado, la culpa de haber perdido las elecciones no es de los alcaldes.

Una opinión semejante muestran desde la regional de los populares valencianos, tanto del riesgo de que el partido se desestructure como de la baja moral que arrastran.

Desde la dirección regional apuntan que quieren mantener reuniones con los presidentes comarcales e incluso con los locales para calmarlos y transmitirles un mensaje: hay que cambiar el partido desde dentro, realizar una catarsis, hasta una refundación "y tenemos que ser nosotros, desde la Comunitat, los que tomemos la iniciativa".

Desde la calle Quart, sede de la dirección regional del PP valenciano, al margen del proceso de sucesión que abrió Fabra de hecho el pasado martes al anunciar que no se presentará a a reelección, apuntan a que están dispuestos a elaborar reglamentos de elecciones primarias, por ejemplo y trasladarlos a la calle Génova para que lo incorporen al próximo congreso nacional.

Y además, está el caso del ayuntamiento de Valencia. En la capital de la Comunitat no se prevé que se desmonte la estructura del PP, pero sí se teme que se de el caso del grupo municipal.

Rita Barberá, la alcaldesa, dejará de serlo el día 13 -está en funciones- y no se prevé que siga. Los 10 concejales se pueden encontrar en la situación de que la mayoría de ellos sean los que se queden sin el sueldo de concejal, porque de los 33, sólo pueden cobrarlo 25, una medida del Gobierno central vendida para ahorrar dinero, pero dirigida a ahogar a la oposición, que puede convertir en un tiro en el pie a los nuevos concejales del PP. Aquellos que están en política también por el sueldo -tienen que comer y pagar una hipoteca- lo más probable es que dejen paso a otros que no les importe cobrar unos 1.000 euros al mes.