La jueza deja a Serafín Castellano en libertad con cargos y le prohíbe salir de España

Momento en el que Serafín Castellano llega esposado para declarar.EFE/
Momento en el que Serafín Castellano llega esposado para declarar.EFE

A. RALLOValencia

El hasta hoy delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha sido puesto en libertad con cargos tras acudir al juzgado de Sagunto. La jueza le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España. Castellano ha salido del juzgado tras comparecer durante algo más de media hora y, sin hacer declaraciones, ha abandonado el lugar en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.

Un amplio dispositivo de seguridad, formado por policías nacionales y guardias civiles, ha facilitado la salida de Castellano del Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto pasadas las siete y media de la tarde en medio de un gran número de medios de comunicación y curiosos.

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Castellano ha salido de la sede judicial acompañado por su abogado y se ha subido directamente al turismo que le esperaba a la puerta, al volante del cual estaba Quinzá. El también exconseller y ex secretario general del PPCV llegó al juzgado poco antes de las siete para declarar tras su detención por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas durante su etapa como conseller de Gobernación de la Generalitat.

El hasta hoy delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana llegó a la sede judicial en medio de una gran expectación mediática y soportó también abucheos y gritos de varias personas que se han agolpado en las inmediaciones.

En un coche policial acompañado por tres agentes, Castellano recorrió los escasos metros que le separaban de la entrada judicial cabizbajo, en mangas de camisa y sin gafas.

Detención y registro de su domicilio

Castellano ha sido detenido este viernes. El arrestro se ha producido después de que la Policía haya registrado durante 7 horas (el registro ha comenzado a las siete y cuarto de la mañana) la vivienda del exconseller en la localidad de Benisanó. Un grupo de siete agentes llamó al timbre del exconseller de Gobernación para acceder a su vivienda. Minutos más tarde, una comitiva judicial se personó en el domicilio. Al cabo de media hora, un agente bajó a la calle y volvió a subir a la primera planta del inmueble con varias cajas de cartón. Otro de los policías metió el vehículo policial en el garaje del delegado del Gobierno. Pasadas las 13 horas, la juez y el fiscal anticorrupción han salido de la vivienda familiar.

Asimismo, un par de agentes de la Policía han acudido a la Conselleria de Gobernación, situada en el complejo 9 d'Octubre, dentro de la operación contra el delegado del Gobierno. Los policías han abandonado las dependencias sobre las 12.00 horas.

La Fiscalía investiga delitos de prevaricación y malversación. La operación la dirige el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, en funciones de guardia, que sigue con los registros y en la que se han detenido, hasta el momento, a nueve personas, incluido Serafín Castellano. La causa está bajo secreto y la operación continúa abierta.

Otro de los posibles detenidos es el empresario Vicente Huerta, presidente de Avialsa, con quien el delegado habría ido en ocasiones a cazar. Además también se habrían producido detenciones en Madrid y Mislata.

También se ha detenido al alcalde de Quartell, cuyo arresto se ha producido tras el registro de su domicilio. Según otras fuentes, en Quartell se habría detenido también a Emilio Máñez que fue concejal y aparece en las fotos de la cacería.

La operación está relacionada con su actuación al frente de la Conselleria de Gobernación, responsabilidad que ocupó desde el año 2007 al 2014.

Anticorrupción investiga desde el pasado mes de octubre la vinculación de Castellano con Avialsa y si recibió regalos por favorecer a Vicente Huerta, presidente de esta mercantil. Los contratos para la extinción de incendios le reportaron a la empresa cerca de 33 millones de euros. El caso arrancó en Madrid tras la denuncia interpuesta por el exgerente de la citada mercantil en la que se alertaba de diferentes irregularidades en la contratación de estos servicios. El ministerio público trasladó las diligencias de investigación penal a Valencia al ser el lugar en el que presuntamente se produjeron las irregularidades.

Indicios suficientes de criminalidad

Desde hace seis meses, la Fiscalía Anticorrupción investiga el asunto. Varios testigos han comparecido en la sede del Ministerio Público. El responsable de las pesquisas ha encontrado indicios suficientes de criminalidad para llevar el asunto al juzgado. En el escrito inicial se aludía a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y el máximo responsable de Avialsa por el cambio del tipo de aviones que prestarían el servicio. Al parecer, las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas variaciones se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera penalizado a la empresa beneficiaria.

El ahora delegado del Gobierno siempre ha defendido su actuación al frente del departamento de la Generalitat. Hace justo un año, desmintió que hubiera contratado irregularmente a la citada mercantil. Además, recordó que la empresa de Huerta trabajaba para la Generalitat desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones, "fue la única que se presentó".

La Policía registra también Infraestructuras y Sanidad

La Policía Judicial ha registrado este mediodía la Conselleria de Infraestructuras y se ha llevado dos expedientes urbanísticos, correspondientes a operaciones anteriores a 2007 y relacionados con la comarca del Camp de Morvedre, según han informado a EFE fuentes de este departamento.

Los agentes se han personado en la sede de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, situada en el complejo administrativo 9 d'Octubre de Valencia, y han preguntado por estos dos expedientes concretos.

Un funcionario los ha acompañado a la delegación territorial, ubicada en la calle de Gregorio Gea, donde se encontraban los expedientes, que han sido facilitados a los agentes.

Fuentes de la Conselleria han indicado que se trata de dos expedientes urbanísticos "antiguos", en concreto anteriores al año 2007, y que están relacionados con la comarca desde la que se ha originado la investigación judicial, sin precisar más datos.

Agentes de la Policía Judicial han acudido también hoy a la sede de la Conselleria de Sanidad. La de Sanidad es la tercera conselleria que ha recibido hoy la visita de la Policía Judicial, tras la de Infraestructuras y la de Gobernación y Justicia.

Documentación de la Conselleria

Por su lado, según informa EFE, la Conselleria de Gobernación y Justicia ha dado hoy a los agentes policiales que se han personado en sus dependencias toda la documentación solicitada y que obra allí, y ha puesto a disposición del Juzgado "toda la documentación para cualquier aclaración o comprobación de dichos extremos".

En un comunicado, fuentes de esta Conselleria, dirigida en funciones por Luis Santamaría, han señalado que los agentes que se han personado en sus dependencias a las 8.20 horas han recibido toda la documentación solicitada y obrante allí, "tal y como consta en el acta de entrega".

Además, han asegurado que ya ha puesto a disposición del Juzgado "toda la documentación para cualquier aclaración o comprobación de dichos extremos".

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