Policía Nacional, la 'casa de los líos'

Policía Nacional, la 'casa de los líos'

El ático de González destapa la enésima guerra en un cuerpo que parece más inestable y politizado que nunca

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Nunca antes en la Policía Nacional habían brillado tanto los nombres propios como en la presente legislatura. Jamás antes en la institución la identidad de los comisarios y sus andanzas habían estado en boca de tertulianos y debates en los medios de comunicación. El ático que al final le ha costado la carrera a Ignacio González y las guerras intestinas aparejadas a esta investigación son solo el último caso en un cuerpo que parece más inestable y politizado que nunca. Demandas entre policías; de funcionarios a políticos y de políticos a agentes. Unos Asuntos Internos que hacen de todo menos investigar a funcionarios. Críticas descarnadas de políticos a la labor de los funcionarios. Cambios y más cambios entre la cúpula dedicada a los sumarios más sensibles de corrupción. Mandos policiales que aparecen en reuniones en las que no deberían estar...

En el caso Ático aparecen mucho de los personajes y las claves para internarse en esta casa de los líos. En abril de 2012, la Policía destituyó de manera fulgurante al comisario Agapito Hermés de Dios, que era el máximo responsable policial de Marbella, por investigar por su cuenta, y sin informar a los responsables de Interior, el origen del inmueble que ocupa en Estepona el presidente autonómico. González, además, le demandó ante un juzgado de Madrid por su "ilegal" investigación. Fue una maniobra inédita de un político contra un policía. Poco después, en julio, el departamento que dirige Jorge Fernández destituyó, tras solo seis meses en el cargo, al máximo responsable de la investigación del ático, el comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla.

La Comisaría General de Policía Judicial, la unidad más importante de cuerpo, se quedaba de nuevo huérfana. En lo que va de legislatura, hasta cuatro mandos policiales han ido pasando por esa jefatura, que se dedica a instruir los casos más delicados de corrupción (Gürtel, papeles de Bárcenas, Pujol, Noos...) con la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como punta de lanza.

Antes de aquel torbellino de destituciones en cadena provocadas por el caso Ático, el 29 noviembre de 2011, todavía con el Gobierno de Rodríguez Zapatero en funciones, dos de los comisarios más poderosos de la Policía, José Manuel Villarejo, de Servicios Especiales y Enrique García Castaño, de los servicios antiterroristas, mantuvieron la ya famosa entrevista con Ignacio González, en la que, según el presidente, intentaron "chantajearle" para encubrir una investigación "ilegal". De acuerdo a la versión del Villarejo, solo le pidieron pruebas de que el ático era suyo. Sea como fuere, García Castaño y Villarejo ya se habían visto otras veces envueltos en asuntos políticos. García Castaño fue el mando que soltó aquella famosa frase de "tranquilo, Baltasar (Garzón) es amigo" dirigida al exjefe de Policía de Euskadi, Enrique Pamiés, entonces investigado por el juez a cuenta del chivatazo a ETA.

Villarejo, amigo íntimo del comisario cesado Agapito Hermés de Dios, ha terminado demandando por injurias al todavía presidente del Ejecutivo autonómico. González ha respondido acusando al policía de estar involucrado en todo tipo de asuntos turbios en los últimos años.

No es la primera demanda en la que se ve envuelto el comisario en los últimos meses. Recientemente una denuncia por acoso sexual de una médico contra el financiero Javier López Madrid involucra en asuntos no demasiado claros y ni mucho menos comprobados al policía. Él, por su parte, demandó hace unas semanas a Marcelino Martín-Blas Aranda, comisario de Asuntos Internos, después de que sus hombres le incluyeran en la investigación sobre el pequeño Nicolás. Asuntos Internos identificó erróneamente a Villarejo en una supuesta reunión con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, después de que el supuesto estafador confesara conocerle y haber trabajado con él para comprar al empresario Javier de la Rosa por 400.000 euros datos contra el clan Pujol. Villarejo cuyo apellido fue metido por Asuntos Internos en un informe sobre Gao Ping, niega conocer al pequeño Nicolás y el joven afirma ahora que le obligaron en dependencias policiales a acusar al comisario de Servicios Especiales.

Turbio papel

Lo cierto es que lo de Asuntos Internos no está nada claro. El Ministerio del Interior sigue sin dar explicaciones de por qué esta unidad, que en teoría solo tienen como misión la persecución de agentes corruptos, fue la encargada de investigar al pequeño Nicolás.

Asuntos Internos siempre ha sido uno de los departamentos más opacos de la Policía, pero desde 2012 la situación se ha vuelto realmente extraña. Esta división ha pasado a ser casi secreta porque parte de sus agentes han sido destinados al "pequeño CNI" o la "CIA de Cosidó", los apodos con los que se conoce a la misteriosa y nueva Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), un órgano creado por el director general, Ignacio Cosidó, al poco de llegar al puesto y que debiera dedicarse al análisis, pero que en realidad, según todas las fuentes consultadas, trabaja en labores muy parecidas a las del Centro Nacional de Inteligencia, del que casi se ha convertido en un alter ego.

Martín-Blas Aranda, a quien Villarejo también acusa de haber espiado a Luis Bárcenas por su cuenta, al margen de estar peleado a muerte con el famoso comisario por el caso Nicolay, comparte con el mando de Servicios Especiales su afición por meterse en todos los charcos y reuniones.

Fue él uno de los dos comisarios que el 29 de octubre de 2012, en plena campaña de las elecciones catalanas, se desplazó a Barcelona para tratar de "convencer" a los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled de que "resucitaran" la investigación del caso Palau y reclamaran al juez el registro de la sede de Convergència.

La persona que acompañó a Martín-Blas Aranda en ese frustrado viaje era el también comisario José Luis Olivera, otro de los hombres fuertes del Ministro del Interior. Los fiscales catalanes se negaron a actuar contra Convergència, porque los indicios que le presentaron Olivera y Blas-Aranda no estaban en absoluto confirmados, eran muy débiles y se basaban en los supuestos informes apócrifos contra Artur Mas que circulaban esos días. Aquellos papeles de la UDEF de los que nadie se quiso responsabilizar después.

Desconfianza

Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled también desconfiaron del hecho de que los dos comisarios (uno de Asuntos Interior y el otro, Olivera, entonces al frente del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado) trataran con ellos un asunto de corrupción, totalmente ajeno a sus cometidos profesionales.

Pero en esa casa de los líos, la filtración de aquella extraña reunión de Olivera y Blas-Aranda con los fiscales, que provocó incluso una queja formal del Consejo Fiscal, lejos de ser sancionada, fue recompensada. Los dos comisarios fueron condecorados con la medalla roja del cuerpo, pensionada, poco tiempo después.

Y ahí no quedó la cosa. Olivera, uno de los exponentes de ese comisariado que se viene metiendo en líos políticos, se convirtió el pasado enero en el miembro de las fuerzas de seguridad con más poder de toda España. Jorge Fernández le nombró director del recién creado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), la fusión de las dos grandes instituciones de análisis en las que vuelcan y comparten datos la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia. Olivera pasó así a controlar toda la información que genera el mayor organismo de análisis de datos policiales en manos del Estado y, desde luego, a controlar toda la información que genera esa casa de los líos.