Compromís quiere expropiar colegios concertados para convertirlos en públicos

Oltra, Ferri y Morera, en los pasillos de Les Corts. :: txema rodríguez/
Oltra, Ferri y Morera, en los pasillos de Les Corts. :: txema rodríguez

El diputado Ferri habla de «transición tranquila» que pasaría por ver el vencimiento de los acuerdos entre el Consell y los centros privados

F. RICÓS

valencia. Compromís tiene muy clara su apuesta por la enseñanza pública y descarta, de llegar a gobernar, mantener los conciertos con los centros de enseñanza privados, buena parte de ellos pertenecientes a órdenes religiosas. Esto supondría necesariamente que tendría que expropiar colegios concertados para convertirlos en centros públicos.

Fran Ferri, diputado de esta coalición que aspira a revalidar su presencia en Les Corts, aseguró ayer que su formación habla de «una transición tranquila» hacia «ese modelo de educación pública». Para ello, aseguró el parlamentario autonómico, tendrán que realizar «un estudio para ver cómo convertimos los colegios concertados en colegios públicos».

«Con toda la gestión y el poder de las instituciones, se puede hacer», afirmó el parlamentario sobre la conversión de los centros concertados en públicos, aunque no quiso entrar en mayores profundidades sobre este asunto.

No sería pues, en principio, un cambio de modelo inmediato. Para llevarlo a cabo, aseguró Ferri, «habría que ver los conciertos» que mantiene la administración valenciana con cada centro de enseñanza privada porque en Compromís quieren tener claro cuando expiran los acuerdos. «Las escuelas privadas podrán seguir siendo privadas pero las que actualmente con concertadas serán o privadas o públicas», insistió el diputado. La fórmula pasa, necesariamente, por la expropiación de los colegios concertados para que se convirtieran en públicos.

El diputado de Compromís aseguró que «no perdería nadie» con este cambio ya que los profesores de los actuales centros concertados pasarían a integrarse en la administración autonómica, aunque no especificó si entrarían a formar parte de la administración autonómica como personal laboral de la Generalitat.

Una cuestión sería, pues, que el profesorado pasara a integrarse en la Conselleria de Educación -la nómina de los maestros de la concertada ya la paga el Gobierno valenciano-, pero otra muy distinta sería la propiedad del centro, el nombre del colegio y de los inmuebles en los que imparten sus enseñanzas los docentes en los centros concertados. Sobre este aspecto Fran Ferri eludió pronunciarse y trasladó esta responsabilidad a otros miembros de la formación, como a la candidata de Compromís a presidir la Generalitat, Mònica Oltra.

Para que los colegios pasasen a ser de titularidad pública o bien los propietarios venderían estos inmuebles a la Generalitat o los donarían -ambas opciones muy improbables- o bien el Gobierno valenciano, empujado por Compromís, abriría una batalla con la expropiación de los centros privados que en las últimas décadas han sido concertados y que se han convertido en imprescindibles para que no haya niños que se queden sin escolarizar porque el parque de centros públicos es insuficiente.

Ferri realizó estas manifestaciones en el transcurso de una comparecencia para hablar sobre una encuesta fechada en mayo de 2013, sobre la que el Consell «ha escondido información», dijo Ferri.

El estudio de opinión al que se refirió el parlamentario se lo ha entregado el Ejecutivo valenciano a Compromís gracias a obtener una sentencia favorable.

Fran Ferri aseguró que la encuesta, fechada en mayo de 2013, que el Consell hizo pública en su página web sobre transparencia «estaba incompleta», puesto que en el informe que el Ejecutivo se ha visto obligado a entregar a Compromís sí figuran estudios de opinión sobre la simpatía de los ciudadanos a los partidos políticos o el grado de confianza que despertaba Fabra.

«Las encuestas pagadas con el dinero de los valencianos se han usado de forma partidista por parte del PP y tendría que pagarlas», a razón de 40.000 euros, indicó el diputado que señaló que no se han hecho públicas porque no eran favorables a Fabra. Como ejemplo indicó que un 58,8% de los votantes del PP en las elecciones de 2011 tenían poca o ninguna confianza en Fabra y un 40.9% de estos consideraban «regular» su gestión en el Consell. La del presidente del Gobierno, Rajoy, merecía el suspenso por parte de un 44% de los votantes populares.