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El Gobierno intercede para que la UE no investigue si el Consell manipuló el déficit

El Gobierno intercede para que la UE no investigue si el Consell manipuló el déficit

Aduce que el reglamento que establece las posibles sanciones por estos hechos entró en vigor a finales de 2011 y no puede afectar a lo ocurrido antes de esa fecha

J. C. F.

Martes, 18 de noviembre 2014, 23:59

valencia. El Gobierno español ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea en el que solicita anular la investigación iniciada por Bruselas el pasado mes de julio en relación con una eventual manipulación de las estadísticas, correspondientes al déficit y la deuda, elaboradas por la Generalitat. En el texto, el Ejecutivo central plantea anular la decisión que ha provocado la «apertura de una investigación» sobre estos hechos, y aduce que el reglamento que establece las posibles sanciones a las que se enfrentaría España por estos hechos es posterior a la eventual manipulación investigada por Bruselas.

La primera comunicación formal de que las instituciones europeas habían abierto una investigación sobre estos hechos llegó el pasado verano. La UE explicó que investigaba si hubo «una tergiversación deliberada o una negligencia grave» en el suministro de datos económicos por parte de la Comunitat Valenciana entre los años 2008 y 2011 al Gobierno central para que elaborase el déficit de España y presentase esas cuentas a la Unión Europea.

El pasado julio el Ejecutivo de la Unión Europea, a través del comisario Algirdas Semeta, comunicó la apertura de la investigación, y detalló que aportar datos erróneos del propio déficit por parte del Gobierno valenciano había ocasionado la adulteración de los datos del conjunto de la deuda de España. «La investigación determinará si ha habido una tergiversación deliberada o una negligencia grave en el suministro de datos de la Comunidad Autónoma de Valencia», explicó el comisario en una respuesta a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero.

El proceso iniciado por Bruselas puso la lupa sobre los datos procedentes del área de Sanidad, donde afloraron en 2012 facturas por un montante de unos 1.800 millones de euros -las denominadas facturas en los cajones-, según señaló el pasado mes de julio la Generalitat, pero «no de forma exclusiva de los gastos sanitarios».

Las facturas afloraron en 2012, pero pertenecían a ejercicios anteriores. Y ese es el punto principal sobre el que se construye el recurso del Ejecutivo central. En el recurso, España alega que «no pueden juzgarse hechos anteriores al 13 de diciembre de 2011, momento en que los hechos de autos no eran susceptibles de sanción», debido a que el reglamento que establece las posibles sanciones dentro del proceso de vigilancia presupuestaria que lleva a cabo Bruselas entró en vigor en ese momento.

«Los únicos datos que podrían ser sancionables son los notificados en abril de 2012. De hecho, el periodo objeto de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012», informa Efe.

España alega que «no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda», según el texto del recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2014 adelantado por Expansión. «La actuación de las autoridades españolas constituye una revisión explicada clara y adecuadamente de dichos datos», recalcó.

Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en 2012, después de descubrir facturas sin notificar en Madrid y la Comunitat Valenciana, lo que llevó a España a elevar en un 0,4 % del PIB su déficit correspondiente a 2011.

Valencia sí, Madrid no

Eurostat entonces llevó a cabo visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid «podía ser considerado como un ajuste excepcional», mientras que en el de la Comunitat Valenciana, por el contrario, «había razones para preocuparse», explicó la Comisión en julio.

Finalmente, el recurso apunta a que se han vulnerado los derechos de defensa de España, ya que «se ha realizado una investigación encubierta, al margen el procedimiento establecido».

España pide, además de que se anule la apertura de la investigación, que la Comisión Europea asuma las costas del proceso.

Ésta es la primera vez que la Comisión recurre a sus nuevas competencias, reforzadas en el paquete legislativo conocido como «Six Pack», de supervisión macroeconómica, para investigar las sospechas sobre la manipulación de datos de deuda y déficit en un Estado miembro.

Las autoridades españolas no han esperado en esta ocasión a que el Ejecutivo comunitario concluya el expediente para recurrir, como ocurre en la mayoría de los casos, sino que han pedido directamente al TJUE que paralice la investigación. De confirmarse sus sospechas sobre la manipulación del déficit en la Comunitat Valenciana, Bruselas podría imponer a España una multa de hasta el 0,2 por ciento del PIB --unos 2.000 millones de euros--, informas Europa Press.

La posible manipulación de las estadísticas en la Comunitat Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 por ciento del PIB respecto a la cifra notificada a efectos del procedimiento de déficit excesivo unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunitat Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada.

El Ejecutivo comunitario dispone de un plazo de 10 meses para concluir su investigación si el TJUE no la paraliza antes como pide España.

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