El Consell anuncia ahora que no puede privatizar la Ciudad de las Artes y las Ciencias

La esperada privatización de la gestión de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no se completará en su totalidad. El conseller de Economía, Máximo Buch, ha anunciado esta mañana que sólo se sacará a concurso un pliego para externalizar la gestión del Oceanogràfic (ya privatizada) a la que se se une ahora la del Ágora.

El Gobierno valenciano, "ha tropezado con dificultades de tipo legal" para poder sacar a concurso la gestión del resto de áreas (Hemisféric y Museo Príncipe Felipe) por lo que CACSA seguirá siendo la gestora, con la obviedad de que la misma empresa privada que se quede con el Agora y el Oceanogràfic será la encargada de la restauración, el merchandising y el catering de todos los edificios del complejo para evitar diferentes precios en los distintos espacios.

El Consell fracasa así en una de sus grandes apuestas para externalizar la gestión del complejo, que iba a supone una fuerte inyección económica para las arcas del Consell. La empresa que finalmente se haga con la gestión del Agora y el Oceanogràfic la tendrá por un plazo de 15 años prorrogables. Con la imposibilidad de privatizar la gestión de todo el complejo, Buch ha confirmado que se mantendrá toda la plantilla del complejo.

¿Por qué no se privatiza?

¿Por qué no se ha llevado a cabo después de que hayan pasado más de dos años desde que se anunció? El principal motivo parte de la zona B del complejo, que engloba el Museo Príncipe Felipe, l'Hemisféric y L'Umbracle, que se asientan en terrenos públicos y tienen la condición de ser bienes demaniales. Es decir, de titularidad pública, afectados al uso general o al servicio público. Esa es la calificación que en su día se les otorgó y que ahora dificulta que la gestión de cada uno de estos edificios se pueda privatizar. Así lo aseguran informes del departamento de Patrimonio de la Conselleria de Hacienda e incluso informes jurídicos de la Abogacía de la Generalitat. El suelo de Cacsa no es de una sola entidad, ya que parte es de la empresa pública y otra parte de la conselleria. Además, el suelo proviene de expropiaciones y su uso tiene que seguir siendo público ya que ese fue el motivo por el que se liberó. Es decir, la propiedad del complejo tiene que seguir siendo pública, pero se puede arrendar a un operador la gestión de sus servicios.

No ocurre así, por ejemplo, con el Oceanogràfic o el Ágora, ya que ambos contenedores son bienes patrimoniales de Cacsa y su gestión, como ya sucede en el caso del primero, se puede ofrecer a un tercero sin problema jurídico alguno. Sin embargo, la zona B, cuya titularidad corresponde a la Generalitat es un bien demanial y, como tal, no puede ser embargado. Algo que el Consell aprovechó en su día y que ahora está suponiendo el principal escollo para sacar adelante el ambicioso proyecto de externalización de la gestión. En esta misma situación también están las zonas comunes del recinto, que tienen que ser desafectados para poder a pasar a formar parte de la titularidad de la sociedad anónima que gestiona el complejo.