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El PSPV pide que la privatización de Cacsa la supervise la Abogacía de la Generalitat

Martínez lamenta que se recurra a abogados externos a la administración y que el Consell oculte el informe que han elaborado

EFE

Martes, 8 de julio 2014, 00:00

valencia. El grupo socialista en Les Corts exigió ayer al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que el proceso de licitación para privatizar el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) esté avalado por informes de la Abogacía de la Generalitat.

En un comunicado, la diputada socialista y portavoz de Grandes Eventos en Les Corts, Eva Martínez, pidió la «máxima transparencia, publicidad y cumplimiento de la legalidad en la elaboración del pliego de condiciones».

Martínez insistió en que todo el proceso esté avalado por los informes de la abogacía de la Generalitat «y no por los de una consultora privada», haciendo alusión a otros antecedentes.

Así, se refirió a la respuesta que el conseller de Economía, Máximo Buch, le ha hecho llegar y en la que se niega a entregarle el informe elaborado por la Consultora Deloitte sobre el asesoramiento para la elaboración del pliego de condiciones administrativas y técnicas de dicho proceso de privatización.

Por ello, la diputada socialista remarcó, «nos encontramos, de nuevo, con que la Generalitat, esta vez a través de la empresa pública Cacsa, contrata con consultoras y despachos de abogados externos el asesoramiento de la privatización, que perfectamente podría ser elaborado por los excelentes funcionarios que forman parte de la abogacía de la Generalitat». Además, subrayó que el Consell de Fabra «niega de nuevo el acceso a estos informes, bajo la excusa de que 'pueden conculcar los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato entre los candidatos'».

Para la portavoz socialista de Grandes Eventos, «todos los candidatos a la adjudicación tienen estos derechos, según Buch, pero nosotros no podemos acceder a toda la información hasta que los pliegos no se publiquen, lo que supone que continúa el régimen de opacidad que ha aplicado el Consell en los últimos años».

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