El alcalde rechaza la recusación de los policías al tribunal que los examina

Los exámenes para conseguir que la Policía Local callosina cuente con una bolsa de trabajo de oficiales siguen enquistados por la tensa relación entre algunos de los agentes que toman parte en el proceso y el equipo de gobierno que dirige el socialista Francisco Maciá.

Un grupo de opositores presentó un escrito de recusación contra los miembros del comité calificador, pero el primer edil ha emitido un decreto en el que rechaza los argumentos de los recurrentes. Los nueve opositores pretendieron que sus componentes, presididos por el jefe de la Policía Local callosina, Jesús Adsuar, dejaran de pertenecer a él.

Los funcionarios de seguridad argumentaron asimismo un hecho similar con la psicóloga que llevó a cabo las pruebas de evaluación y que les valió que con sus alegaciones la secretaria municipal les diese la razón. Estos entendieron que no hubo la suficiente confidencialidad a la hora de hacer este tipo de exámenes y la fedataria municipal dictaminó a finales del mes pasado que había que volver a empezar el proceso pero los conflictos no han cesado con la aceptación de ese recurso de impugnación.

En el escrito que presentaron además dijeron que los motivos que empleaban para recusarlos era su impericia para llevar a cabo el proceso de selección de oficiales de forma correcta al entender que actuaron de forma negligente y los costes en tiempo y dinero que supone dilatarlo todavía más en el tiempo para la administración local. La recusación asimismo hizo constar que los componentes del tribunal calificador no actuaron con la diligencia necesaria y todo el proceso posterior a su recurso contra las pruebas psicológicas han derivado en animadversión hacia los que lo presentaron. Por último cargan contra la profesional por no haber llevado bien el proceso de la prueba psicotécnica y no quieren, en caso de que sea la misma, que tome parte en el nuevo.

Por su parte el mandatario municipal se hace eco de los argumentos del jefe policial y en el decreto, dictado el pasado día 11, consta que este no se ve condicionado de forma negativa contra ningún opositor por haber recurrido «entre otras cosas porque fue quien aceptó sus alegaciones y este hecho contradice esa supuesta animadversión», alega Maciá.