La juez de 'Brugal' finiquita la instrucción y mantiene los cargos contra Medina y Lorente

La juez de 'Brugal' finiquita la instrucción y mantiene los cargos contra Medina y Lorente

Otras 33 personas, entre ellas concejales y exediles del PP y el empresario Ángel Fenoll, siguen en la causa por la contrata de basura de la ciudad

EFE / P. M. M.ORIHUELA

El juzgado de Orihuela que instruye la rama del caso 'Brugal' que afecta a la adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos de Orihuela ha decidido iniciar un procedimiento abreviado, -fase intermedia entre la instrucción y el procesamiento a 35 personas-, entre ellos a los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), también figuran entre los procesados en industrial oriolano y presuntamente beneficiado por las irregularidades Ángel Fenoll y varios concejales.

LA CIFRA

112 autos ha dictado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Orihuela en el procedimiento iniciado en abril del 2007.

En un auto de 69 páginas, la juez de Primera Instancia número 3 de Orihuela aprecia indicios de, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico influencias. La juez asegura en su auto que en los 7 años de instrucción se han practicado las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y se han dictado 112 autos para ordenar escuchas telefónicas entre los años 2007 y 2010, las cuales condujeron el 6 de julio del 2010 al operativo policial de registro del Ayuntamiento de Orihuela .

El auto hace un repaso por todo lo ocurrido en las últimas dos décadas en torno a la adjudicación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria en el municipio oriolano. De este modo recuerda cómo la empresa de Ángel Fenoll (Colsur) logró en 1992 la recogida de los residuos de la costa de Orihuela por un periodo provisional de un año, pero logró mantener la contrata de forma ininterrumpida hasta que, en el 2005, el Ayuntamiento se planteó un nuevo concurso. El auto refleja que el industrial y sus colaboradores, entre ellos algunos concejales, planearon una estrategia para retrasar la nueva adjudicación con el fin de seguir con la recogida de basuras. Para ello, presuntamente, usó las grabaciones que él mismo había realizado a distintas personalidades del ámbito de la política local para presionarlos y lograr la adjudicación o, al menos, la declaración de desierto del concurso, y así mantener la situación anterior en beneficio propio. Tras presiones al exalcalde Medina, quien temía que el empresario difundiera unas grabaciones en las que él aparecía, Fenoll logró su objetivo de paralizar la adjudicación en noviembre del 2007 y, de esa manera, siguió provisionalmente con la recogida de basura.

Del periodo de alcaldesa de Mónica Lorente, que llegó a la Alcaldía en el 2007 y de quien cree la juez que ayudó a Fenoll a seguir provisionalmente con la contrata, el auto refleja que fue determinante para autorizar nuevos pagos a las empresas del empresario imputado pese a los reparos del interventor. Además en septiembre del 2008 acordó que el nuevo concurso adjudicara la contrata de los residuos a una mercantil participada por Fenoll, pese a que supuestamente conocía que era ilegal.

De Lorente, la juez aprecia los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración, mientras a Medina le atribuyen los dos últimos, además de cohecho. Cabe recurso de reforma y apelación en el plazo de diez días y la juez considera responsables civiles las entidades mercantiles Colsur, Proambiente y Sufi, todas relacionadas con Fenoll. De hecho los letrado comenzaron ayer a estudiar los autos con el objetivo tanto de solicitar la práctica de pruebas como de recurrir ante la Audiencia Provincial la decisión de la juez oriolana. De hecho, según pudo saber este diario, algunos de los defensores de los imputados consideraron que el auto que abre el procedimiento abreviado no aporta ni prueba nada nuevo.

'Brugal' se inició a comienzos de 2006 a raíz de que Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con el concejal Jesús Ferrández en las que se reflejaban presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso de basura, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad. Estas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes al contrato de 8,5 millones de euros anuales para 10 años supuestamente habría ofrecido dinero a políticos a cambio de ser la adjudicataria.

Las investigaciones iniciales se dilataron en el tiempo y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y en otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.

Entre ellas, las más significativas son las que investigan supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja o las posibles ilegalidades tanto en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante como del plan urbanístico de Rabasa, en esta misma ciudad. En concreto, estas dos últimas causas han puesto contra la cuerda a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, que está imputada en ambos procesamientos, como también lo está el empresario Enrique Ortiz, entre otras personas.

autos ha dictado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Orihuela en el procedimiento iniciado en abril del 2007.