Hace unos meses escandalizó la serie Adolescencia, y era ficción. La paliza del Marítimo, la violación en La Safor y la agresión sexual en un ... colegio de Valencia son la realidad. Se nos acusa a los medios de sensacionalismo, pero es el eco de su denuncia el que vuelve a agitar las aguas calmas de lo desapercibido.
El protagonismo de la norma escolar no está en la sanción sino en el abordaje educativo. Defiendo profundizar en los programas socioeducativos alternativos para menores no imputables penalmente. Por eso no sé hasta qué punto es conveniente la paralización de los expedientes disciplinarios en cuanto se judicializa el caso.
Además, en los vigentes protocolos del Botànic, el llamado procedimiento conciliado permite con el arrepentimiento, en resumen, recibir la "sanción más leve". Repetir e incumplir la conciliación son las dos únicas excepciones a esta finta. La Conselleria ha incluido en su nuevo decreto de convivencia, al menos, dos nuevas excepciones: que cause daño o que la acción sea delito.
Por tanto, no hay que dudar de que en este caso se aplicó el protocolo. La escuela no es punitiva, para eso está la Justicia. El horror del acoso no es la supuesta impunidad o laxitud escolar, sino que la víctima, tantas veces, pierde por partida doble.
Uno a uno, cada paso del procedimiento -detección, expediente garantista, sigilo en los datos y sanciones de carácter educativo- es sensato, lógico y comprensible. Sin embargo, en conjunto, cuece a fuego lento una solución práctica e injusta: el abandono o cambio de centro de la víctima. Ninguna norma lo propone, pero la realidad la impone. La generalizada decisión de las familias de huir del lugar en el que su hijo sufrió y en el que encuentran más palabras que hechos, incluso a veces sospechas y matices, esconde el problema. La discreción del procedimiento, a su vez, lleva de la mano a la comunidad educativa hacia el olvido.
Es importante encontrar dónde está el palo y dónde la zanahoria para intuir la dirección de los comportamientos. Para el sistema educativo, -el asunto es cruel-, todo es más fácil si la víctima se cambia de colegio.
Está la responsabilidad de los acosadores, por supuesto, pero la Administración y los centros deben garantizar en el tiempo de escolarización el mismo cuidado que se exige a las familias. Este mismo curso ya un tribunal ha multado a un centro en un caso de acoso.
Esta responsabilidad, por tanto, no se queda en el protocolo. Debería acompañarse de un seguimiento a las víctimas que les facilite su recuperación y les defienda en un entorno donde el acoso puede continuar en el centro nuevo, en la calle o en el mundo digital.
No tengo claro que sea posible desde un centro, más si la víctima lo abandona y en el nuevo apenas llega un expediente. Por comparación, en los casos de violencia contra la mujer se ha avanzado mucho, con el sistema integral de seguimiento Viogen puesto en marcha en 2007 y que coordina los esfuerzos de las diferentes administraciones para proteger a las mujeres, incluyendo protección policial, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y soluciones a las necesidades de la vida.
La solución fácil frente al acoso escolar acaba con el cambio de centro de la víctima. Con todo el peso de la decisión, del apoyo, de la alerta y de las secuelas en los hombros de la familia. Con la voz afónica y los nudillos descarnados de llamar puertas. Propongo concretar una especie de Viogen para el acoso escolar, que dé protección, cuidado y seguimiento coordinado a sus víctimas. Que el protocolo cumplido no termine en su ausencia.
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