Ascensores y sentido común

Pero si necesita como el comer -a mí me pasa- seguir creyendo que los problemas de los ciudadanos se pueden resolver a tiempo, desde el acuerdo y aplicando el sentido común tenga paciencia y continue leyendo.

Y es que por estas tierras estábamos a punto de rozar el bloqueo total en cuanto a los ascensores se refiere. Pero se ha impuesto el sentido común.

Si en Valencia no teníamos bastante con los más de 6.000 ascensores rotos por la riada -aún quedan muchos por arreglar y lo que es peor mucha gente mayor o enferma afectada- otros tantos más que si funcionan con toda normalidad contaban ya con la amenaza cierta de ser bloqueados si no llevaban a cabo ciertos cambios de seguridad. Esto es, su funcionamiento normal iba ser paralizado - sin estar averiados- en aplicación estricta de una nueva normativa legal que exige cambios notables en la mayoría de elevadores. En concreto, por la aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria que introduce importantes cambios en la mayor sensorización del bloqueo de las puertas o mejoras en el nivelado del suelo de las cabinas.

Pero fuera de todo pronóstico se ha impuesto el sentido común. Como ya pasó en Valencia cuando el ayuntamiento pausó el Plan de Emisiones para un área metropolitana que se había quedado sin coches: hacer las cosas fáciles y no complicarlas más de lo que ya están. Pues con los ascensores igual. Se ha acordado una moratoria en la aplicación de esta norma durante un año -esperemos que sea suficiente- con carácter exclusivo en la Comunidad Valenciana y de común acuerdo entre las administraciones, el sector y la patronal. La moratoria aplaza hasta junio de 2026 lo que será de aplicación general en el resto de España a partir de julio. El objetivo es priorizar, concentrar medios y devolver el servicio primero a los miles de afectados por las inundaciones que todavía viven sin ascensor. Primero poner el foco en lo realmente importante. Después todo lo demás.

Nadie discute la necesidad de avanzar en seguridad. Pero tampoco debe ignorarse que estamos ante una emergencia. Y las emergencias requieren criterios de proporcionalidad y respuestas excepcionales como ha sido ésta.

No tenía mucho sentido exigir el cumplimiento inmediato de un reglamento pensado para unas condiciones normales en un contexto excepcional. En este caso el espíritu de servicio público ha prevalecido dando una respuesta rápida y con sensibilidad. ¿No les parece?