Sánchez: no tomes el nombre de Palestina en vano

Las razones del anuncio en sí dan para mucho: más allá de la oportunidad política, su posibilidad jurídica o las consecuencias reales de llevar a cabo lo que nuestro presidente anunció en Bagdad, cabe preguntarse si realmente Sánchez, y todo su equipo de asesores en Moncloa, sabe que esa cuestión ya está siendo debatida ante la Corte, entre otros por España, que presentó por escrito sus consideraciones el pasado 28 de febrero y defendió oralmente en La Haya el pasado 29 de abril.

Pedro Sánchez reclama la atención sobre un tema del que ha hecho loable bandera: la defensa de la causa palestina, que es la causa del Derecho internacional frente a la actuación criminal de Israel y la complicidad de muchos Estados, entre ellos España que, pese a los aspavientos presidenciales, ha seguido concluyendo con Israel y sus empresas contratos en materias directamente relacionadas con las acciones armadas en Palestina. Pero bandera errada esta vez pues, como antes se ha dicho, lo anunciado por nuestro presidente ya se ha hecho. Intentaré explicarlo brevemente.

La Corte Internacional de Justicia (Corte o CIJ) puede conocer de diversos asuntos, bien bajo su jurisdicción contenciosa (controversias entre Estados, y sólo Estados) bien bajo su jurisdicción consultiva (cuestiones jurídicas planteadas por organizaciones internacionales, y sólo organizaciones internacionales). En ambos casos, Estados y organizaciones internacionales pueden presentar sus posiciones legales sobre la controversia o cuestión planteadas.

La presencia de Israel en Palestina está o ha estado ante la Corte de los dos modos: en 2004 la Corte dictaminó la ilegalidad del muro levantado por Israel en los territorios ocupados, en la actualidad Israel ha sido demandada por Sudáfrica en 2023 (controversia en la que España ha solicitado intervenir y que está aún pendiente). Por otro lado, las acciones de Israel son objeto además de otras dos solicitudes de opinión consultiva. En la primera, resuelta el 19 de julio de 2024, la CIJ declaró ilegal la ocupación israelita de los territorios palestinos (incluido Jerusalén Este), la obligación de retirarse de los mismos y el deber de la Comunidad Internacional de no reconocer jurídicamente la ocupación ilegal, entre otras cuestiones planteadas por la Asamblea General de la ONU (AGNU) el 30 de diciembre de 2022 (A/RES/77/247).

En la segunda, aún pendiente y que ahora más nos interesa, se pretende responder la pregunta planteada por la AGNU el 19 de diciembre de 2024 (A/RES/79/232), promovida entre otros por España, y que solicitó a la Corte que determinara «[c]uáles son las obligaciones de Israel […] en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas […], otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación».

Si uno lee con atención, además de la propia pregunta, las intervenciones ante la Corte de la Secretaría General de la ONU, de los 39 Estados y de otras tres organizaciones internacionales, la pregunta engloba la cuestión genérica de legalidad de la actuación de Israel en los territorios ocupados, especialmente el acceso de y a la ayuda humanitaria. Esta ayuda se provee especialmente por la propia ONU, apoyada por muchos Estados, otras organizaciones internacionales y numerosas ONG. A todos ellos Israel no cesa de poner impedimentos para hacer llegar esa ayuda. En gran medida, el detonante de la solicitud de opinión a la Corte fue la ley israelí adoptada el 28 de octubre de 2024 para prohibir la acción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), esto es, la principal agencia de la ONU para prestar ayuda humanitaria en la zona.

España, que como dijimos envió su posición a la CIJ el 28 de febrero, en ella claramente recuerda a la Corte, en particular, «la obligación de permitir a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y entidades humanitarias neutrales el acceso al Territorio Palestino Ocupado con el fin de proporcionar asistencia humanitaria en dicho territorio» (párrafo 29).

¿Podría explicar Pedro Sánchez a qué viene ahora, justo ahora, anunciar que va a pedir que se pregunte de nuevo a la Corte sobre «el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza»? Sea por ignorancia, incompetencia o pavoneo, nuestro presidente del gobierno hace un flaco favor a la causa legítima de demostrar que Israel está cometiendo desde hace décadas gravísimos crímenes en Palestina, así como exigir las necesarias consecuencias jurídicas, políticas y económicas. ¿O es que quizá Sánchez traspapeló las ideas y lo que quiso anunciar ante la Liga de Estados Árabes es que iba a solicitar que Israel fuera expulsada del Festival de Eurovisión?