Jueces: ni títeres ni marionetas
Lo que dice el magistrado Puente lo piensa el 99% de los españoles
Las plañideras vuelven a escena. Ahora porque, según parece, en España los jueces no pueden expresar su perplejidad ni señalar irregularidades sin que se escandalicen ... por la 'osadía' de argumentar un auto como mejor estimen, dentro, eso sí, de la legalidad. Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente y el mismo presidente del Gobierno, tan dados a señalar con nombres y apellidos a jueces acusándolos de hacer política y 'lawfare', hoy se indignan porque uno de ellos se ha atrevido a expresar «el estupor que produce que una persona, sobre la que pesan indicios tan consistentes de delitos graves relacionados con la función pública, pueda mantenerse, procesado y todo, ejerciendo las altas funciones de un diputado».
Lo piensa el magistrado Leopoldo Puente y seguramente el 99% de los españoles, pero, claro, semejante obviedad merece una reprimenda por parte de la vicepresidenta Montero, afirmando con desfachatez que «cada poder debe actuar dentro de su ámbito y que los jueces no deben inmiscuirse en decisiones políticas». La coherencia, al parecer, es opcional cuando se trata de proteger intereses propios. Mientras los magistrados aplican la ley y motivan sus resoluciones, los ministros y el propio presidente parecen tener licencia para atacarlos cuando no les son de agrado. ¿Olvida Montero los calificativos y el desprecio que han dedicado a jueces como Peinado, Marchena, Llarena, Alaya, García-Castellón y un larguísimo etcétera? En estos casos, ¿el respeto institucional y lo de inmiscuirse no era tan importante, ministra?
No tengo capacidad jurídica para valorar si el estupor de Su Señoría era apropiado pero no caigamos en la trampa de que, por señalar con el dedo, dejemos de ver el sol. Mientras los políticos se escandalizan por la forma en que un juez expone hechos evidentes, los ciudadanos observamos con creciente indignación que no todos somos tan iguales. Lo que propone Puente -regular límites claros para diputados, senadores y concejales en caso de imputación o apertura de juicio- no es una ocurrencia, sino puro sentido común, especialmente en asuntos de corrupción. Por decencia de las propias cámaras y hemiciclos, debería trabajarse en buscar el encaje entre el acta personal y el reglamento de las instituciones, de modo que sea obligatoria su entrega cuando un parlamentario está imputado judicialmente.
Una reforma que es igual de necesaria con el régimen de aforamiento y la inmunidad que protege la función parlamentaria, pero que también genera desigualdad ante la ley. Mientras sus señorías disfrutan de privilegios que el resto de los ciudadanos no tiene, la credibilidad de las instituciones y el sistema en sí se sigue erosionando. Es hora de que la política deje de ser un refugio protegido por inmunidades y actas personales. Los magistrados como Puente no dicen nada que no pensemos millones de españoles; señalarlo no es atacar la democracia, es exigirla.
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