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El movimiento es incipiente y preocupante. En X, antes Twitter, existe desde hace días una maloliente tendencia ejecutada por activistas políticos de izquierda, consistente en ... ir a la 'caza' de cuentas que discrepan abiertamente de gobiernos como el de Pedro Sánchez. Personas como Román Cuesta, @wiesenthal1632, se dedican a desvelar la identidad y los datos privados de usuarios con marcado perfil de derechas, como @Sr.Liberal, @FlordeYL o @Capitana_Espana. El anonimato, la Ley de Protección de Datos y la libertad de opinión quedan hechos trizas bajo el pretexto de estar luchando contra la desinformación. Una apuesta clara por el acoso, la persecución y el amedrentamiento hacia los disidentes en sitios que existen precisamente, para opinar.
Una dinámica alimentada desde TVE, con Javier Ruiz al frente, o desde ministerios con figuras como Óscar Puente, no es precisamente un asunto que pueda tomarse a broma. Que medios de comunicación y cargos públicos simpaticen y contribuyan a la propagación de movimientos más propios de hackers o delincuentes que de Robin Hoods en lucha por la democracia y contra el fascismo, como alegan, debería cortarse de raíz. Porque lejos de tratarse de una nueva «herramienta de protección» frente a los ataques, como asegura Puente, estamos asistiendo al cercenamiento de las voces discrepantes y de quienes piensan distinto al relato oficial, exponiendo abiertamente su intimidad y vulnerando cualquier derecho a proteger su anonimato y a expresarse en libertad.
La percepción de estar siendo sometidos a una censura permanente no es precisamente un síntoma de buena salud democrática. No todo puede justificarse, y menos cuando la tendencia al 'bloqueo' por parte de cargos públicos que sufragamos va en aumento de forma exponencial. Ejemplos que denuncia la comunidad tuitera los hay sobre las cuentas de cargos como Pilar Bernabé, Puente, Pablo Iglesias, Irene Montero y otros. La responsabilidad pública y el sueldo van aparejados inevitablemente a la pena de telediario o, como mínimo, a la aceptación de la crítica. Salvo, eso sí, cuando se es objeto de un ilícito como acoso, odio, amenazas, etc., en cuyo caso, deben ser la policía y los tribunales quienes actúen. Aquello tan repetido de «el cargo con sus cargas» es un hecho irrefutable. Cercenar la libertad de expresión no puede ser jamás una excusa. El delito ya es otra cosa.
Bloquear y sacar forzosamente a ciudadanos del armario del anonimato -un escudo para la gente que quiere opinar sin que se les señale- plantea no pocas discusiones éticas y legales. La lucha contra la desinformación y los discursos de odio, aun siendo importante, no puede realizarse a costa de socavar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Encontrar el equilibrio entre ambas es el verdadero desafío de las redes sociales.
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