VIVIENDA: LA POLÍTICA ES CULPABLE

Las severas condiciones impuestas por la troika comunitaria rotulan el lacónico epitafio de la burbuja especulativa conduciendo al país, ahogado por el exceso de deuda, el creciente déficit y la pérdida de competitividad a una costosa travesía por el desierto.

En 2012 la tasa de paro supera el 25 por ciento rebasando la cifra de seis millones de desempleados. Habría que esperar hasta 2017 para recuperar el PIB de 2008, dibujándose una década pérdida para generaciones de jóvenes abocados a buscar trabajo con mejores expectativas laborales -salarios, 'tenure discount'...- en el extranjero.

El mayor impacto de la crisis se produce en las pymes (desaparecen más de ciento setenta y cinco mil), siendo los sectores de la construcción e industrial los más afectados. Y sobre todo en las familias, con muchas de ellas condenadas a la pobreza -energética, extrema...- y exclusión social, que en 2014 afecta a casi un tercio de la población.

Con más de sesenta mil desahucios al año, los gobiernos llevan a cabo con evidente retraso diversas reformas legales: cancelación parcial de deudas a los autónomos, incremento del mínimo de inembargabilidad, medidas de protección a los deudores hipotecarios, ayudas de subsistencia, simplificación administrativa... Su ineficacia y fracaso retratan la insostenible situación actual.

La realidad es que el sector ha pasado de los señores del ladrillo locales a manos de grandes fondos de capital foráneo. Hoy se construye mucho menos y la sucesión de erráticos cambios normativos, primando la okupación, la inseguridad jurídica del propietario y restringiendo el libre mercado, han generado una eclosión del parque de viviendas vacías, que en la Comunidad Valenciana supera las cuatrocientas cincuenta mil.

Que el artículo 47 de la Constitución recoja el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, no es más que un principio programático cuya eficacia resulta vacía de contenido. De hecho, España todavía no ha ratificado la Carta Social Europea de 1996, pues le obligaría a tomar medidas para resolver el problema.

La impunidad de la clase política dirigente y la imposibilidad de reclamar responsabilidades por mala praxis legislativa -'wrongful legislation'- unido al hecho de que todas las comunidades autónomas tienen competencia en vivienda han agravado la ceremonia de confusión que caracteriza desde hace años el vodevil patrio.

No es baladí que la Comisión Europea tuviera que pronunciarse respecto a las pretensiones reguladoras de algunas CCAA nacionalistas, recordando que no puede conllevar una distorsión de la unidad de mercado en España, especialmente en lo concerniente al crediticio e hipotecario.

Con un Estado del Bienestar cada vez más débil, desgraciadamente el sistema arrendatario hispano está en las antípodas de los de sus vecinos europeos y la ausencia de un stock público unido a la escasez de viviendas privadas en alquiler en proporción a su creciente demanda empeoran la situación de los hogares menos favorecidos.

España necesita con urgencia amplios consensos para afrontar los cambios legislativos que recomiendan los principales organismos internacionales y que exige el sentido común. ¿Tan difícil es reconocer que ningún joven o familia puede emprender un proyecto de vida sin una mínima estabilidad, especialmente en cuanto a las posibilidades habitacionales, sean de tenencia o alquiler?

El fracaso de las políticas de vivienda en el periodo democrático tiene múltiples causas, entre las que destaca la falta de transparencia, información veraz y estadísticas de referencia sobre la evolución real del mercado de alquileres, lo que dificulta cualquier análisis o toma de decisiones estratégicas. El caos regulatorio y de datos fiables del segmento de los apartamentos turísticos es un claro ejemplo del naufragio institucional.

La gestión pública deviene a menudo un pesado lastre para la planificación urbanística y la obtención de licencias y permisos, generando importantes deseconomías de escala. Si a ello se une una voracidad fiscal insaciable (aumentos del IVA, eliminación de todo tipo de desgravaciones...) se aseguran sus efectos perversos para la actividad.

Los grandes tenedores de viviendas apenas representan un cinco por cien del total, siendo los pequeños ahorradores e inversores quienes poseen la mayor parte (más de dos millones) por lo que las disposiciones antimonopolio dictadas por el gobierno de Sánchez devienen extemporáneas y esperpénticas.

Lo mismo sucede con las limitaciones de los precios de alquiler y el control de rentas pretendido por las autoridades, cuya visión simplista les impide reconocer que intervenciones similares de la dictadura bolivariana causaron la hiperinflación venezolana arrastrando la nación a la ruina.

La guinda a tanto despropósito fue la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, inspirada en el modelo alemán, que endurece draconianamente los requisitos de los particulares para obtener financiación, por lo que condena a muchos a no tener otra opción que el alquiler prolongado o de por vida.

El contexto internacional y la volatibilidad de las Bolsas, han hecho que la vivienda vuelva a ser un activo refugio, con la consiguiente alza de precios. La creciente inseguridad jurídica impide que se incorporen al ámbito del arrendamiento.

Porque buena parte de las medidas tomadas por el ejecutivo han sido contraproducentes, contribuyendo a una disminución de la oferta en vez de alentarla y a una mayor tensión en el mercado, especialmente en las grandes capitales, que se enfrentan además a la formación de guetos como resultado de una nefasta política migratoria.

La situación podría haberse mitigado si hubiera existido un mínimo parque de viviendas destinadas al alquiler social, que continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia española.