EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Pobreza extrema, abusos, precariedad, injusticia y hambrunas por las malas cosechas provocan el ocaso del Antiguo Régimen, la caída de las monarquías absolutas y el nacimiento de los Estados modernos en Europa occidental.

Nunca los cambios socioeconómicos fueron fáciles. Los perversos efectos de la industrialización, la concentración de capitales y los trágicos conflictos bélicos que castigan al viejo continente explican las dificultades del acceso a la vivienda.

Ya el filósofo Friedrich Engels propone soluciones para el alojamiento obrero en la Alemania del XIX. Proudhon postula el «mutualismo» en un régimen autogestionario, mientras Karl Marx preconiza el socialismo científico frente al utópico de Robert Owen, cuyas formulaciones idealistas resultan ajenas a la lucha de clases.

España vive hoy una situación de emergencia habitacional que certifica el fracaso de la política de vivienda en el periodo democrático, marcado por el creciente esfuerzo fiscal exigido al comprador (más del 35% del precio final).

Se da la paradoja de que la denostada dictadura franquista hace de la vivienda digna para las clases populares, uno de sus objetivos para la reconstrucción nacional. «España es un país de propietarios, no de proletarios», sentenciaría el arquitecto, Ministro de Vivienda (1957-60) e ideólogo de la autarquía (1939-59) José Luis Arrese.

El discurso falangista otorga un valor semántico y moral al hogar, radicalmente opuesto al concepto marxista de éste como refugio material. Los imaginarios domésticos y simbólicos íntimamente ligados al ideal de justicia social, de profunda raíz cristiana, son ampliamente difundidos por la propaganda nacional sindicalista. Familia, Hogar y Patria conforman los cimientos del régimen y a éste corresponde su protección.

A tal fin se ponen en marcha el Instituto Nacional de Colonización, la Obra Sindical del Hogar y Planes de Urgencia Social. Se implementan sistemas de protección estatales, bonificaciones tributarias de hasta el noventa por cien, ayudas directas, primas a las cooperativas, subvenciones sin interés, créditos blandos,...

Es obvio que la realidad actual es bien diferente, pero los problemas, desajustes y desequilibrios del sector inmobiliario español y su peso en el PIB (el 7,5% en 2007), poco tienen que ver con la de los mercados de las demás economías de la zona euro.

La crisis de las hipotecas subprime, el estallido de la burbuja y sus funestas consecuencias -la tasa de paro supera el veinte por ciento y el número de desahucios por año alcanza la escalofriante cifra de sesenta mil-, explican el nacimiento de movimientos como el 15-M o PAH y la ulterior polarización partidista con un Parlamento más fragmentado.

Avergüenza reconocer que más de 350.000 familias perdieron sus hogares embargados. La Gran Recesión puso en jaque uno de los pilares del Estado del Bienestar: personas sin techo, infravivienda, desahucios, pobreza energética, exclusión social... ante la pasividad de los sucesivos gobiernos.

El actual escenario exhibe el pesado lastre de una gestión pública ineficaz. Múltiples son sus carencias: inexistencia de una planificación estatal a largo plazo, trabas burocráticas, envejecimiento del parque inmobiliario, obsolescencia normativa, desaparición de las VPO, incapacidad de asumir formas de habitar emergentes -cohousing-, elevada carga impositiva, falta de colaboración con el sector privado...

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la crisis del ladrillo, las posibles salidas, las especificidades y el comportamiento del sector residencial. El hábitat es un producto de alto valor económico y lenta amortización, cuyo impacto medioambiental discurre en paralelo a la planificación urbanística, incrementando su comportamiento especulativo y la volatilidad de sus activos.

Factores como la demografía, los flujos migratorios, la compra de no residentes, el turismo, la emancipación de los jóvenes, el empleo, la renta familiar, los tipos de interés, las condiciones de financiación, las diferencias entre los precios en compra o alquiler, las expectativas de revalorización a medio y largo plazo, la vivienda vacacional, la inestabilidad jurídica... marcan la actualidad de un mercado que continúa tensionado.

Una de las contradictorias perversiones del caso español, es que se prefirió ayudar a la banca frente a los hogares, a los prestamistas frente a los pequeños empresarios, razón por la que no pararían de crecer las desigualdades entre ricos y pobres. Por el contrario, la delictiva quiebra de las cajas de ahorro regionales quedaría impune.

Prueba inequívoca de esa política antisocial es la nueva regulación del mercado hipotecario español, tomando como referencia el modelo alemán, con la excusa de transponer al ordenamiento jurídico patrio -Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario- la Directiva 2014/17/UE.

El endurecimiento de los requisitos para tener financiación hace que solo las familias con alto poder adquisitivo puedan acceder a tener un piso en propiedad, expulsando a los menos favorecidos hacia un arrendamiento obligado y prolongado.

Los continuos vaivenes normativos y el creciente clima de inseguridad -okupación ilegal...- han producido los efectos contrarios a los pretendidos, explicándose así que pese a la situación de carestía haya más de tres millones de casas vacías.

Es urgente un giro copernicano en la política de vivienda, comenzando por un consenso institucional entre los cinco gobiernos implicados (europeo, nacional, autonómico...). Porque reducir la onerosa carga fiscal resulta imprescindible para garantizar el derecho a un bien básico.