«Y tú, menos»

Y así vamos, entre reproches del «y tú más», que significa «yo también», sin que nadie sea capaz de aplicarse una mínima coherencia con lo que predicaba o exigía a otros.

Recordará el lector que en mi anterior tribuna titulada 'Renovarse o morir', exponía cómo la política y los partidos políticos como instrumentos de acción y participación política, debían reforzar varios elementos para generar confianza y evitar la desconexión cada vez más evidente de la ciudadanía.

Hablaba de credibilidad, buena gestión, convicción, valor y coraje. En definitiva, de gestión y principios.

Apenas un mes después de aquel artículo, la realidad supera de nuevo la ficción y volvemos a ver y escuchar estupefactos una nueva trama de presuntos sobornos, negocios turbios, amaños y conversaciones groseras y soeces sobre intercambios de mujeres; una manifestación de la peor estética de la corrupción, como dice mi amigo y periodista Salvador Enguix.

Los afectados ahora lanzan los mismos mensajes y esgrimen idénticos argumentos que antaño criticaron a sus adversarios políticos. Reclaman para sí y su partido respeto, cuando antes se lo negaron a sus contrincantes.

Se anuncian comisiones de investigación, auditorías, más controles y modificaciones legislativas, olvidando que los verdaderos asideros de las democracias liberales son la libertad y las elecciones libres (pluralismo político), el Estado de Derecho, es decir, el sometimiento al imperio de la ley como garantía de libertad y buen gobierno y un sistema de instituciones sólidas y respetadas, al frente de las cuales debería haber personas independientes y de acreditada valía profesional.

Pero además de todo esto, como decía el profesor Ariño la democracia «es un sistema de valores, que demanda una educación político-moral».

Efectivamente, hay actitudes y comportamientos que, aun siendo legales, no son éticos; y por eso, también merecen el reproche social.

La ética pública exige al ciudadano en general y al gobernante en particular una actuación que vaya más allá del estricto cumplimiento de la ley formal, obvio por otra parte; exige una conducta acorde con las normas socialmente aceptadas y con las virtudes públicas.

Como decía Alexis de Tocqueville «la libertad es verdaderamente una cosa santa. Sólo existe otra que merezca mejor este nombre: es la virtud. ¿Pero qué es la virtud sino la libre elección del bien?».

Y es que las leyes por sí solas no hacen buenos a los hombres, es necesario además que éstos posean valores que inspiren su actuación y guíen su conducta facilitando la vida en común.

Las democracias liberales están viviendo un periodo de crisis y dejando al descubierto las dificultades de adaptación a una nueva sociedad que avanza y se transforma a pasos agigantados. Los ciudadanos demandan mayor y mejor gestión a la hora de resolver los problemas que les afectan, una política de mayor calidad que además debe ser capaz de seguir manteniendo el crecimiento económico sostenido en el tiempo para poder mantener las cotas de bienestar alcanzadas.

Si todo esto no fuese poco, el siglo XXI ha traído consigo tres importantes crisis, según algunos autores: la crisis del 11S, que supuso la pérdida de la seguridad y su repercusión en las libertades; la crisis del 2008, que trajo una profunda crisis económica que empobreció a las clases medias, sustento de las democracias liberales, y cuyos efectos todavía perduran; y la crisis sanitaria de la Covid 19 que ha supuesto una pérdida de la salud y ha evidenciado la necesidad de reforma de un sistema sanitario excelente pero que está pidiendo a gritos una revisión de calado para adaptarlo a las nuevas realidades y necesidades sociales.

Y todas estas circunstancias hacen que vivamos una época de incertidumbre, miedo y vulnerabilidad. Siendo esta situación terreno abonado para la aparición de salvadores que rara vez resuelven los problemas reales de los ciudadanos más allá de plantear soluciones fáciles y populistas a problemas complejos.

Y nuestra tierra, la Comunitat Valenciana, no es ajena a este contexto. Sufre igual que otros territorios los desafíos de esta nueva época, con el añadido de haber padecido una de las mayores tragedias naturales de la historia de nuestro país.

Pasan los meses y la polarización sigue dominando la vida política valenciana; es difícil construir consensos entorno a esta tragedia natural, como sí fuimos capaces de construirlos en la pandemia con la firma del acuerdo político 'Alcem-nos' para la recuperación de la Comunitat Valenciana; y la necesaria unidad se rompe en aras al tacticismo electoral de todos los actores implicados.

Mientras tanto, y a pesar de la genialidad y talento de los valencianos, la Comunitat Valenciana languidece, pierde posición e influencia en el tablero político español y nuestras justas reivindicaciones históricas se silencian año tras año; y lo peor es que a nadie parece importarle. Todos comprenden nuestras necesidades, pero nadie actúa con firmeza y determinación para resolverlas.

La Comunitat Valenciana necesita, sí o sí, un nuevo modelo de financiación que haga justicia con la peor tierra financiada de España; porque sin autonomía financiera y económica no hay autonomía política, no hay autonomía estratégica y no hay futuro más allá de la mera subsistencia.

No necesitamos más FLA, ni mecanismos extraordinarios de financiación; necesitamos ya un nuevo modelo de financiación, prometido por todos e incumplido por todos los partidos políticos.

Necesitamos un Plan de inversión pública del Gobierno de España para recuperar la zona arrasada por la dana y mitigar en la medida de lo posible el enorme impacto económico, social y emocional ocasionado por la tragedia.

Necesitamos credibilidad, buena gestión, convicción, valor, coraje, liderazgo y escuchar mucho más a la gente. Como dijo Ignatieff, «la gente aceptará que no puedas solucionar sus problemas si le prestas toda tu atención, mirándola a los ojos, nunca mirando por encima de su hombro a la siguiente persona en la fila».