La Comunitat necesita con urgencia casi 2.000 millones de euros, pero no es una cantidad que solicita alegremente, por capricho. Es un dinero que ... le pertenece, que pertenece a los valencianos, un dinero al que tenemos derecho como consecuencia de la ignominiosa discriminación en la financiación autonómica. De ahí que resulten vergonzosas las declaraciones de la secretaria general del PSPV y ministra de Pedro Sánchez, Diana Morant, advirtiendo que si la Generalitat quiere ese dinero, debe ser leal al Gobierno de España, y el PP votar a favor de sus propuestas en el Congreso de Diputados.
¿Se puede tener más desfachatez? A juzgar por sus palabras, parece que sí. Si no ¿cómo debemos juzgar estas declaraciones? «Pues probablemente tenga que llegar un FLA extraordinario, pero la Comunidad para pelearlo lo que tiene que hacer la Generalitat es sentarse de manera leal con el Gobierno, que el PP vote a favor del techo de gasto, pero está votando a todo que no y eso tiene consecuencias. Votar en contra al techo de gasto tiene consecuencias y, por lo tanto, lo que no se puede pensar que voy boicotear al Gobierno no tiene traslación a las cuentas de la Generalitat».
Convendremos que semejantes manifestaciones resultan eméticas para cualquier persona razonable, para cualquier persona de bien. Suponen una ruptura con lo realmente necesario para la implantación de una sistema de financiación autonómica justo. Lo he escrito en alguna ocasión. Para llegar a ello, es imprescindible el acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, muy lejos de las pretensiones de Diana Morant, en la que prima sobre todas sus convicciones la membresía al caudillo, a Pedro Sánchez.
En una cosa puede tener razón. No se entiende que la Comunidad reclame las cantidades justas y, por otro lado, Carlos Mazón perdone más de 14 millones de euros de tasas autonómicas y ecotasas a Iberdrola, una empresa que ganó 5.600 millones de euros en 2024.
Como colofón a estas líneas, una reflexión. ¿Qué nos pasa como pueblo? Nuestros presidentes, da igual al partido que hayan pertenecido, han carecido de influencia real en los Gobiernos de España, en las direcciones nacionales de sus propios partidos o en sus homólogos autonómicos. Ninguno les ha escuchado, ninguno se ha sentido presionado y, por supuesto, ninguno les ha atendido. ¿Son sólo nuestros dirigentes o tenemos culpa también la sociedad civil valenciana: empresarios, sindicatos, organizaciones profesionales y todos en general? Por supuesto los máximos responsables, culpables, son los políticos. Y como dijo Gandhi a Oriana Falacci, «los demás escuchan cuando se exagera». Así es la vida.
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