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El día de la visita de los Reyes a Paiporta, cuando la lluvia de barro contra 'los presidentes' Sánchez y Mazón regó a Felipe y Letizia ... , todo cambió. Sánchez huyó para no volver –casi seis meses sin pisar la zona cero de la dana– y Mazón se quedó –no tiene otra– para ser un 'guadiana' que viene y va. Aquello lo cambió todo, o mejor dicho, devolvió las cosas a su sitio: la política, que por unas horas fue espejo de consenso, volvió a ser política para buscar culpables sin que aún nadie haya asumido una mínima responsabilidad sobre una gestión que costó 228 muertos –la mayoría, por la devastación que fluyó por el caudal del Poyo–.
Una mirada serena a aquel día, a la documentación, al protocolo evitaría un lodo político que no ha hecho más que dibujar con trazo gordo la inoperancia y la falta de preparación de aquellos que se encargaron de la gestión, desde los políticos a muchos de los técnicos, cuya reacción fue muy deficiente a la mayor tragedia de la historia de los valencianos.
A las 12:07 horas del 29 de octubre, desde la sala SAIH se envió el primer correo de alerta del barranco del Poyo porque el caudal era de 264 metros cúbicos por segundo. Ese correo electrónico se cerró con el siguiente mensaje: «Se continúa el seguimiento desde la sala SAIH». A las 12:20, trece minutos después de ese mail, se lanzó desde la Agencia de Seguridad y Emergencia la alerta hidrológica en la rambla del Poyo: «Desde la Confederación Hidrográfica y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se mantiene el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir». Esa nota era una declaración de intenciones, un deseo, los principios que debieron regir aquella tarde del 29 de octubre, donde la Confederación Hidrográfica del Júcar redujo a la mitad el personal de la sala de vigilancia de ríos y barrancos, la tarde en la que la ausencia de Mazón estuvo muy presente, el día en el que al frente del operativo estaba una consellera que reconoció ante la juez que no estaba bien preparada para gestionar las emergencias, un momento en el que el Gobierno se puso de espaldas a la Comunitat porque ni se enteraban de lo que estaba pasando.
Ese comunicado, el de la alerta hidrológica en el Poyo, era un acuerdo de colaboración, del Gobierno a través de la CHJ y del Consell de la mano de Emergencias. Una unión de fuerzas que es lo mínimo que se le debe ofrecer a miles de ciudadanos que vieron cómo esta tarde sus vidas en muchos casos quedaron en manos del azar. Lo dejaron por escrito y era muy fácil: cumplir con el compromiso de «mantener el seguimiento de la evolución del caudal».
Medio año después, el espectáculo político que se ha dado es lamentable, impropio de personas con un altura de miras para trabajar por el bien colectivo de los ciudadanos, donde el navajeo político se ha impuesto al dolor de las víctimas, por lo menos en las comparecencias públicas. Y al final de este proceso, todos han llegado a un mismo punto, al acuerdo, al discurso que demuestra que la responsabilidad es compartida entre todos los organismos e instituciones que redactaron el manual de cómo no abordar una situación de emergencias: todos, Consell y Gobierno, cargos y técnicos, coinciden por fin en que no se enteraron de lo que pasó esa tarde en el barranco del Poyo.
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