Las Cortes dan que hablar

La anual publicación de la declaración de las rentas que perciben los diputados a Cortes Generales y autonómicas deja mucho que desear. No diré yo ... que no tiene interés saber quién es el Gran Wyoming del Palacio de Benicarló y si es cierto, que lo es, que porcentualmente hay más hacendados en Compromís que en el PP, fuerza que por lo demás cuenta con el triple de habientes que las dos organizaciones nacionalistas, Vox y Compromís. Pero es un morbo efímero. Se desvanece en cuanto lees la letra pequeña. La omisión de bienes no está penada. Y como a lo único que están obligadas reglamentariamente sus señorías es a rellenar un formulario cuyo contenido no se revisa ni se verifica en una anormal muestra de confianza y camaradería, cada uno expone lo que buenamente quiere. Por eso no es extraño que a 16 de los 99 diputados de las Cortes Valencianas se les olvide consignar el saldo que presentan sus respectivas cuentas corrientes, a otros indicar la procedencia de algunos de sus ingresos y no falte quien se sirva de la inconcreción del impreso para endosar una parte de las percepciones aquí y otra allá a fin de rebajar aparentemente el monto total de las rentas inmobiliarias. La posesión de numerosos bienes raíces, aun habiéndolos acumulado en buena lid, puede resultar altamente comprometedora para un político en estos momentos y se nota. A pesar de que son pocos los que podrían vivir de rentas, enmascaran su patrimonio mueble hasta los que jamás se han quejado de la carestía del precio de compra y alquiler de viviendas y por tanto no pueden ser tachados de hipócritas por decir una cosa y hacer la contraria. Más revelador de la catadura y el verdadero sentir general de nuestros diputados que este limitado fisgoneo se me antoja el hecho de que la comisión de Interior del legislativo valenciano se volviera a reunir a puerta cerrada para cumplir con otra tradición, ésta absolutamente repudiable: la de «arreglar-se el saquet». En esta ocasión, lo adelantaba David Burguera, mediante una modificación de las normas de fiscalización, de suerte que los distintos grupos parlamentarios puedan quedarse -léase echarse a la pera- el remanente de la subvención que reciben sin que la Sindicatura de Comptes se lo reproche. Una muestra más de la desfachatez que exhiben por unanimidad quienes después sólo coinciden en el bar. ¿Qué mejor forma de evitar que la Sindicatura de Cuentas les avergüence recordándoles, como hizo el pasado mes de julio, que aún deben 410.000 € de gastos injustificados de 2023 que eximirse de la obligación de dar explicaciones a nadie de qué hacen con los 3,7 millones que reciben para picos, palas y azadones? El Gran Capitán por lo menos ganaba batallas.