La batalla de los envases

Una de las mayores contiendas político-empresariales que se han librado sobre suelo valenciano la provocó en 2018 el entonces secretario de Medio Ambiente Julià ... Álvaro. Su intentó de implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases remunerado en contra de la opinión del resto del Consell y de los sectores económicos concernidos se saldó con una auténtica escabechina. Bueno será, pues, rememorarla ahora que el Gobierno ha fijado un plazo de dos años para introducirlo en toda España. El lector es posible que no lo recuerde porque ha pasado mucho tiempo y los argumentos y la pirotecnia ecológica empleados por los contendientes en litigio difuminaron la verdadera naturaleza de la refriega. Pero fue tremenda. Álvaro se plantó ante sus socios de Més Compromís, primero, y del PSPV, después. La consejera, Elena Cebrián, le desautorizó. El Pacto del Botánico se alineó con los partidarios de continuar con los iglús amarillos. Y estalló la guerra. Una pugna mercantil a pecho descubierto entre los contados partidarios de la elección de las máquinas de SDDR fabricados por Tomra (Els Verds-Equo) y quienes por distintas razones cerraron filas con Ecoembes. Lo nunca visto en una región donde sólo de uvas a peras un contratista de la Administración que no tiene padre ni madre ni perro que le ladre patalea o pleitea de verdad y no para cubrir las apariencias de disparidad, como sucede con más frecuencia. Un enfrentamiento que, encima, no concluyó ni mucho menos con el despido de todo el equipo del apóstol del SDDR en la Comunidad Valenciana, sino con la aprobación, en junio de 2022, de una enmienda de Compromís, PSPV y Unides Podem a la Ley y un acuerdo por el que el Consell se comprometía a adquirir e instalar a partir del 1º de enero en lugares públicos los depósitos de SDR, fabricados por Reciclo a instancias de Ecoembes. Artilugios que no por casualidad Ribó había adquirido ya dos años antes. ¿Llegó a comprar el Consell de Ximo Puig los 3.000 aparatos que deberían haber estado en funcionamiento antes del 31-12-2023, no digamos ya los 10.000 previstos para finales del año pasado, diferencia fundamental que presenta el SDR respecto al SDDR, donde, desde la adquisición de los ingenios hasta su ubicación, ha de correr por cuenta de los expendedores de esta clase de recipientes? Juraría que no. Otra cosa es que la transacción esté comprometida habida cuenta que la Ley 5/2022 de residuos y suelos contaminados aún se publicó en el BOE antes del cambio de Gobierno en 2023. ¿Quién fue más títere de quién? No sabría decirlo. Sólo sé que eché algún cuarto de espadas al debate y que el intemperante -que ese fue su error- Julià Álvaro se ha salido con la suya.