Más allá del caso Oltra

Se han escrito muchas páginas sobre el caso de la adolescente que denunció abusos sexuales entre 2016 y 2017 por parte de un educador, que resultó ser el exmarido de Mónica Oltra. El caso inundó portadas por la deriva judicial ante el posible encubrimiento, con Oltra ahora más cerca del banquillo. Pero la raíz del caso, la desprotección de una adolescente que sufrió abusos estando en acogida, ha quedado en segundo plano. Es la consecuencia de tratar el caso como un problema eminentemente político y no tanto de corte social.

Los abusos que revolucionaron la política valenciana no son un caso aislado. Ha sido noticia esta semana que una niña de 12 años fue sometida a vejaciones durante meses por una red de pederastia en un centro de Hospitalet en 2020; pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores, al revisar el móvil, encontraran evidencias de la explotación de la menor. En 2019 se destapó en Mallorca una red de tráfico de drogas y prostitución de niños bajo tutela, tras la denuncia de una niña de 13 años. Antes, en 2015, cayó una macrorred internacional que operó en Barcelona durante 15 años, que vejó y grabó a decenas de niños a partir de 11 años, incluyendo menores bajo tutela, carne de cañón para depredadores sexuales, que ofrecen afecto, dinero o drogas. Los menores tutelados son un objetivo de bajo riesgo y un negocio muy lucrativo. Los titulares, demoledores, nos escandalizan por unos días.

En diciembre de 2023 un informe de la Generalitat cifró en 1.399 los menores de 11 a 18 años acogidos en centros, unos novecientos con familiares y alrededor de 300 en una familia educadora sin relación de parentesco. Pero en el debate político, en una sociedad polarizada, solo hay espacio para hablar de los MENA (menores extranjeros no acompañados). El abuso es un problema endémico y grave, escalofriante, que se puede y se debe prevenir.