Bolaños ataca de nuevo

La proposición planteada se sustenta en dos pilares: reformar la acusación popular y proteger al periodismo de investigación; y su comprensión pone en alerta al más pintado. La reforma de la acusación popular, elemento central de la propuesta, busca limitar el presunto uso abusivo de este derecho procesal. Un derecho que permite a cualquier ciudadano ejercer la acción penal como acusación, lo que, en teoría, refuerza el control sobre la Administración de Justicia. Sin embargo, en la práctica, se ha prestado a su utilización con fines espurios, como el acoso o la intimidación de personas o entidades. La propuesta legislativa pretende establecer mecanismos para filtrar las acusaciones populares, evitando las que carezcan de fundamento o persigan objetivos ajenos a la búsqueda de Justicia.

Esta intención, aunque comprensible, plantea un dilema crucial: ¿cómo regular la acusación popular sin menoscabar su función esencial como contrapeso al poder y sin abrir la puerta a la censura o la autocensura? La línea entre la protección frente al abuso y la limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es extremadamente delgada y requiere de una regulación precisa y transparente para evitar posibles desviaciones. El riesgo de que la regulación se convierta en un instrumento para silenciar voces críticas o perjudicar investigaciones periodísticas es considerable y debe ser cuidadosamente evaluado.

El segundo pilar de la propuesta, la protección del periodismo de investigación es igualmente delicado. Teóricamente, busca proteger a los periodistas de acciones judiciales abusivas, pero en la práctica puede silenciar sus investigaciones y coartar su libertad de expresión. La presión judicial, a través de querellas por injurias y calumnias o denuncias por vulneración de la intimidad, puede ser utilizada para amedrentar a los periodistas y obstaculizar su trabajo. La propuesta busca establecer mecanismos para distinguir entre la legítima defensa del honor y la utilización desmedida de las acciones judiciales para silenciar investigaciones incómodas.

Sin embargo, definir con precisión qué constituye un abuso y qué no, es una tarea extremadamente compleja, susceptible de interpretaciones subjetivas. La ambigüedad en la definición de «acción judicial abusiva» podría dar lugar a una aplicación arbitraria de la ley, con el riesgo de que se utilice para proteger a los poderosos y silenciar a los periodistas que investigan corruptelas o abusos de poder. La necesidad de salvaguardar la libertad de prensa se enfrenta a la necesidad de proteger el derecho al honor y a la intimidad, creando un delicado equilibrio que requiere una regulación muy precisa y una interpretación judicial exhaustiva.

La interacción entre la propuesta legislativa y el poder judicial es, sin duda, el aspecto más problemático. La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y cualquier intento de interferir en su funcionamiento debe ser analizado con cautela. La proposición de ley, al pretender regular el funcionamiento de la acusación popular y la protección del periodismo de investigación, podría ser interpretada como una interferencia en la función jurisdiccional, generando tensiones entre los poderes del Estado. La percepción de que el gobierno está intentando controlar o influir en el poder judicial podría minar la confianza en el sistema y generar un clima de desconfianza. Por ello, es fundamental que se articule de forma que respete la independencia judicial y garantice el debido proceso, evitando la creación de mecanismos que puedan ser utilizados para manipular el sistema judicial en favor de intereses políticos.

El nuevo enredo jurídico del ministro Bolaños es peligroso. Con su nueva proposición de Ley Orgánica podría atentar al frágil equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y la libertad de expresión, y cualquier desajuste entre ellos tendría consecuencias negativas para el Estado de Derecho. Además, la falta de precisión jurídica en la definición de «abuso» y la potencial interferencia en la independencia judicial representan los principales retos para la viabilidad y la legitimidad de este nuevo enredo. Habrá que estar alerta en la defensa de nuestras libertades cuya garantía es la independencia judicial. Una responsabilidad que atañe a toda la ciudadanía en un Estado de Derecho como el nuestro.