Montero 'cogió su fusil'

Es comprensible la preocupación por la equidad y el acceso a la educación, conceptos básicos de toda Justicia Social, pero la simplificación de la ministra y del presidente Sánchez ignora la complejidad de la cuestión planteada y desestima los múltiples beneficios que la universidad privada aporta a la sociedad española. En primer lugar, es crucial analizar la naturaleza de la «amenaza» que ambos perciben. La crítica parece centrarse en dos aspectos principales: el coste de la educación privada y la posible precarización laboral. Sin embargo, ambas preocupaciones, aunque legítimas, no son intrínsecas a la existencia de la universidad privada, sino más bien, manifestaciones de un entramado socioeconómico más amplio.

El coste de la matrícula, elevado en algunos casos, no es necesariamente el reflejo de una explotación laboral, sino de la inversión en infraestructuras, personal docente cualificado y servicios académicos específicos que a menudo distinguen a estas instituciones educativas. Además, existen becas y programas de ayudas financieras en la mayoría de ellas, que buscan garantizar el acceso a estudiantes con recursos limitados.

En cuanto a la precarización laboral, es cierto que el sector educativo, incluyendo el privado, se enfrenta a desafíos en términos de estabilidad y condiciones laborales. Sin embargo, culpar a la universidad privada de este problema es simplista y desvía la atención de factores estructurales más profundos, como las políticas de contratación, la financiación de la educación y la regulación del mercado laboral. Es importante destacar que las instituciones privadas cumplen con las normativas laborales, ofrecen condiciones dignas a sus empleados y cumplen con los estándares de calidad exigidos, en muchos casos más allá de los mínimos legales.

Por otro lado, la universidad privada aporta una serie de beneficios que no deben ser pasados por alto. Promueve la diversidad y la competencia en el sistema educativo al ofrecer programas y enfoques pedagógicos diferentes a los de las universidades públicas, ampliando además las opciones para los estudiantes y fomentando la innovación en la enseñanza. Esta competencia puede, a su vez, impulsar la mejora de la calidad educativa en general.

Además, las universidades privadas a menudo se caracterizan por una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades del mercado laboral. Sus programas suelen estar más orientados a la práctica profesional y a la adquisición de habilidades específicas, lo que facilita la inserción laboral de sus egresados. Esto es particularmente relevante en un contexto de cambio tecnológico y transformación económica, donde la demanda de profesionales con habilidades específicas es cada vez mayor.

Finalmente, también juegan un papel importante en la investigación y el desarrollo. Muchas de estas instituciones colaboran con empresas y organizaciones para llevar a cabo proyectos de investigación aplicada, contribuyendo al avance científico y tecnológico del país. Esta colaboración público-privada es fundamental para impulsar la innovación y el crecimiento económico.

La declaración de la Ministra Montero, aunque pueda resultar 'comprensible' desde una perspectiva electoralista, peca de simplista e ignora los múltiples beneficios que la universidad privada aporta al sistema educativo y a la sociedad española en su conjunto. El debate sobre la educación debe ser más complejo y considerar la diversidad de opciones, la competencia y la innovación como elementos clave para el progreso en la educación superior.

En lugar de demonizar la universidad privada con esas declaraciones del fin de semana, el gobierno de Sánchez debería fomentar un diálogo constructivo que permita mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y garantizar el acceso equitativo a la misma. Utilizar la demagogia en una campaña para acceder a la secretaria general andaluza, utilizando la dicotomía «universidad pública para pobres-universidad privada para ricos» , reaviva una lucha de clases decimonónica a la par que contribuye muy poco a ese diálogo que debe orientar la calidad y el acceso a la educación superior de todos los españoles. Dudo que rectifique en este caso; quizás Montero únicamente piensa en que le dará rédito electoral. Allá ella.